Gargurevich: “No todo lo legal es ético en política”

El director ejecutivo de Proética, José Gargurevich, advirtió que el uso de universidades privadas con fines políticos constituye un riesgo grave para la integridad del sistema democrático. En entrevista, se refirió al caso del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, señalando que aprovechar la infraestructura universitaria para beneficiar campañas políticas vulnera los principios de neutralidad e igualdad en el proceso electoral.

“Esto no se trata solo de legalidad, sino de ética. No se puede utilizar una universidad, que debe ser autónoma, como plataforma política. Eso rompe el equilibrio democrático”, indicó. También recordó que la ley universitaria busca precisamente impedir ese tipo de interferencias, al establecer límites en la relación entre universidades y partidos políticos.

Financiamiento partidario y evasión de las reglas

Gargurevich explicó que el sistema de financiamiento político tiene reglas diseñadas para dar transparencia sobre el origen de los recursos. Alertó que los préstamos o mecanismos indirectos pueden usarse como atajos para evitar los topes establecidos por ley y encubrir vínculos con intereses particulares.

“Cuando yo uso préstamos para financiar campañas, y luego los pago con fondos permitidos, estoy distorsionando el sistema. Puede no ser ilegal, pero sí implica riesgos altos de corrupción”, subrayó. En esa línea, llamó a los líderes políticos a actuar con integridad y no solo ajustarse al mínimo legal.

Neutralidad y uso indebido del Estado: el caso de la hermana de Castillo

Gargurevich también cuestionó el uso de recursos públicos para actividades proselitistas, en referencia al caso de la hermana del expresidente Pedro Castillo. Señaló que, aunque el régimen laboral sea flexible, todo servidor estatal —incluidos los contratistas— debe regirse por el Código de Ética de la Función Pública y las normas de neutralidad electoral.

“No es cierto que porque uno no tiene un contrato de planilla puede hacer campaña política desde una entidad del Estado. Cuando formas parte del servicio público, hay reglas claras que deben cumplirse”, precisó.

Retrocesos normativos y naturalización de la impunidad

El representante de Proética lamentó que, pese a avances legislativos en la última década, como la ley Servir o la ley universitaria, se haya retrocedido en la aplicación efectiva de controles. Criticó el debilitamiento de la Contraloría y de los mecanismos de supervisión externa, así como la naturalización del uso patrimonial del Estado.

“La captura del aparato público por intereses particulares no es nueva, pero hoy se ha institucionalizado. La impunidad se ha vuelto regla. Y la ciudadanía está desconectada, lo que agrava el problema”, señaló.

La agenda anticorrupción para las elecciones 2026

Gargurevich informó que Proética ha convocado a partidos políticos para trabajar una agenda mínima en temas de integridad. Esta incluye el combate a la corrupción vinculada a economías ilícitas, y un enfoque que priorice la calidad de los servicios públicos —como salud, alimentación escolar o educación— donde los actos corruptos impactan directamente a la población.

“Necesitamos que los planes de gobierno no solo hablen de transparencia, sino que expliquen cómo evitarán que la corrupción afecte al ciudadano en su día a día. Esa es la manera de volver a conectar con la gente”, afirmó.

El representante de Proética recordó que esta semana se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, un contexto propicio para poner en debate estas prioridades, especialmente frente a un proceso electoral con 39 partidos inscritos y una ciudadanía cada vez más escéptica.