Gobierno alista decreto para reorganizar activos de Petroperú
El Gobierno prepara un decreto de urgencia para reorganizar Petroperú y permitir la gestión privada de activos, incluida Talara
El Ejecutivo se encuentra elaborando un decreto de urgencia que podría marcar un punto de quiebre en la estructura actual de Petroperú. Según versiones preliminares, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsa una norma que habilitaría a ProInversión a asumir la reorganización integral de la petrolera estatal, lo que incluiría la separación de activos estratégicos como la Refinería de Talara.
El objetivo declarado sería asegurar la operatividad de Petroperú y mejorar su eficiencia sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. En el trasfondo, se intenta evitar una posible quiebra de la empresa, cuya situación financiera ha sido motivo de preocupación en los últimos años
Reorganización por bloques y activos clave
El proyecto normativo autoriza dividir Petroperú en bloques patrimoniales. Cada bloque agruparía activos, contratos, licencias y permisos que podrían ser transferidos a vehículos de administración independientes. Esta figura legal permitiría separar y gestionar de forma autónoma unidades actualmente integradas en la estructura de la empresa.
Uno de los aspectos más sensibles del borrador es que estos bloques podrían incluir la Refinería de Talara, considerada el proyecto energético más importante del país, con una inversión que supera los US$5.000 millones. En ese marco, quedarían sin efecto disposiciones legales anteriores que protegían la integridad de esta infraestructura durante su proceso de modernización.
Facultades amplias para ProInversión
La norma también incorpora a Petroperú al marco legal del Decreto Legislativo 674, utilizado para privatizaciones y concesiones. Esto permite a ProInversión definir de manera autónoma el modelo de promoción de inversión privada que considere más adecuado para cada bloque, sin necesidad de aprobación previa del Congreso.
Asimismo, la agencia estaría facultada para representar los derechos económicos y políticos de los activos reorganizados, tomar decisiones estratégicas y seleccionar operadores para su gestión. Las decisiones que adopte serán de cumplimiento obligatorio para la alta dirección de Petroperú, que deberá ejecutarlas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Contexto y posibles implicancias
El borrador del decreto se justifica en un “riesgo inminente” para la operatividad de la petrolera, particularmente vinculado a la adquisición de crudo y derivados. Bajo ese argumento, el Gobierno busca actuar con urgencia para evitar un deterioro mayor de la empresa estatal.
Aunque el decreto aún no ha sido publicado oficialmente, el contenido preliminar ha generado debate sobre su alcance y posibles implicancias políticas y económicas. En caso de aprobarse, se trataría de una reestructuración sin precedentes en la historia reciente de Petroperú, y abriría la puerta a una mayor participación del sector privado en activos clave del Estado.