Gobierno aprobó norma para que las FF. AA. apoyen en penales
El Decreto Legislativo N° 1742 permite el despliegue militar perimétrico en penales en emergencia ante el hacinamiento y la presencia de bandas criminales.
El Ejecutivo oficializó la publicación del Decreto Legislativo N° 1742, dispositivo legal que autoriza la intervención temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en las cárceles declaradas en emergencia. La disposición normativa faculta al personal militar a prestar apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP). Según informaron fuentes oficiales, esta medida constituye el primer decreto legislativo promulgado en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso de la República.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que este primer decreto legislativo busca recuperar el orden en los establecimientos penitenciarios y desarticular las conexiones delictivas con el exterior. Las autoridades señalaron que la disposición del Ejecutivo responde al compromiso asumido para ofrecer respuestas céleres frente al incremento de los índices de criminalidad en el país. Asimismo, la presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que la norma apunta a frenar de forma contundente el ingreso no autorizado de objetos prohibidos a los recintos.
En las especificaciones del marco legal emitido, se detalló que las Fuerzas Armadas asumirán tareas directas de vigilancia perimétrica y control de accesos. El Decreto Legislativo N° 1742 establece además acciones concretas de neutralización frente a aeronaves no pilotadas y el despliegue de soporte tecnológico en favor del INPE y la PNP.
Funciones operativas de las Fuerzas Armadas y alcance del Decreto Legislativo N° 1742
El Decreto Legislativo N° 1742 precisa que la presencia de las Fuerzas Armadas en los penales en emergencia se centrará en la custodia de los límites perimétricos y los puntos de control vehicular o peatonal. El personal militar estará facultado para interceptar y neutralizar drones no autorizados que sobrevuelen el espacio aéreo de los recintos y pongan en riesgo la seguridad. De igual manera, los efectivos brindarán soporte logístico, tecnológico y de inteligencia para respaldar las labores del INPE en las operaciones de requisa internas.
Las tareas encomendadas a las Fuerzas Armadas incluyen la cooperación activa en la neutralización de antenas no autorizadas e infraestructura de comunicación clandestina. Representantes del Ejecutivo explicaron que el apoyo de inteligencia militar facilitará la interrupción de las redes de comunicación que los internos mantienen con organizaciones delictivas externas. Adicionalmente, las unidades desplegadas por el Ministerio de Defensa participarán en la prevención de eventuales intentos de fuga, motines o ataques coordinados desde el exterior.
La aplicación de la norma aprobada contempla intervenciones en aquellos establecimientos que cuentan con una declaración formal de emergencia penitenciaria. Fuentes del Consejo de Ministros reiteraron que las operaciones castrenses serán de carácter temporal y servirán como un mecanismo de refuerzo complementario a la función penitenciaria. Con esta medida, las autoridades gubernamentales proyectan restringir el flujo de armas, drogas y dispositivos tecnológicos hacia el interior de las instalaciones carcelarias.
Diagnóstico del sistema penitenciario y penales bajo estado de emergencia
La promulgación de este marco legal responde al diagnóstico oficial del sistema carcelario, el cual registraba a agosto de 2026 una población superior a los 107 mil internos. Las cifras provistas por el sector penitenciario revelan que dicha masa de recluidos sobrepasa la capacidad instalada nacional, fijada en aproximadamente 42 mil plazas operativas. Además, los informes de seguridad identificaron la presencia de 494 internos vinculados a 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua.
La vigencia del Decreto Legislativo N° 1742 se complementa con la prórroga del estado de emergencia carcelario hasta enero de 2027 en recintos de máxima peligrosidad. Entre los establecimientos incluidos en esta disposición figuran Challapalca en Tacna, Cochamarca en Pasco, El Milagro en La Libertad, y los penales Miguel Castro Castro y Ancón I en Lima. Las autoridades gubernamentales sustentaron la medida en la necesidad de mantener regímenes reforzados de aislamiento para los cabecillas de bandas delictivas.
Como parte de la estrategia integral contra el hacinamiento y la criminalidad organizada, el Gobierno proyecta la edificación de dos nuevos centros penitenciarios en Huacho. Las autoridades indicaron que la creación de infraestructura penal busca descentralizar la carga de los penales saturados y fortalecer las medidas de control en la capital.