Gobierno aprueba Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028
La Resolución Ministerial 0203-2026-JUS regula las funciones del Instituto Nacional Penitenciario junto a otras direcciones sectoriales para la reducción de la población penal en el país.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 con el objetivo normativo de contribuir a la reducción progresiva del hacinamiento en el sistema penitenciario nacional.
La medida de deshacinamiento se oficializó mediante la Resolución Ministerial 0203-2026-JUS, publicada en el boletín extraordinario de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Esta disposición administrativa se enmarca directamente dentro de los objetivos trazados en la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
La norma legal determina que la prioridad sectorial se centra en disminuir la sobrepoblación en los penales y optimizar las condiciones de vida de los internos.
De acuerdo con el dispositivo, las acciones operativas vinculadas a este proceso de deshacinamiento involucran la participación activa de múltiples dependencias estatales del sector justicia. La aplicación de las estrategias busca asegurar el orden, control y la seguridad interna en los diferentes establecimientos penitenciarios de la república.
Coordinación institucional para ejecutar el deshacinamiento
El dispositivo legal dispone que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) coordine las acciones necesarias para la ejecución del plan junto con la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales.
Asimismo, la norma encarga las funciones de seguimiento y monitoreo de la implementación técnica a la Dirección de Política Criminológica. Las instituciones del Estado articularán sus capacidades de acuerdo con las competencias establecidas en el texto ministerial.
El Instituto Nacional Penitenciario ejecutará los procedimientos de deshacinamiento en concordancia con los lineamientos de resocialización efectiva establecidos por el Poder Ejecutivo.
Instrumentos técnicos y plazos de implementación
La resolución ministerial establece que el Instituto Nacional Penitenciario debe elaborar los instrumentos técnicos y los mecanismos de reporte específicos para el monitoreo del plan aprobado. Este diseño metodológico se realizará en coordinación directa con la Dirección General de Asuntos Criminológicos de la institución. Las dependencias técnica y operativa cuentan con un plazo estricto de 15 días hábiles para presentar las herramientas de medición.
El cómputo del periodo fijado para la entrega de los documentos de deshacinamiento se inicia a partir del día siguiente de la publicación de la norma en el boletín oficial. Las herramientas metodológicas permitirán registrar los avances y la evolución del número de internos que se sometan a los alcances del plan estatal. Los informes técnicos generados servirán como base estadística para auditar la eficacia de las medidas adoptadas por el sector.
Alianzas estratégicas y servicios de asistencia legal
La disposición general establece que el Instituto Nacional Penitenciario promoverá alianzas estratégicas institucionales para fortalecer la capacidad operativa en los centros de reclusión. Estas acciones buscan ampliar de forma directa la cobertura de los servicios sectoriales de orientación, asistencia y patrocinio legal gratuito. El fortalecimiento de las asesorías jurídicas constituye un pilar esencial para asegurar la fluidez de los procesos administrativos de la población penitenciaria.
Las medidas de asistencia legal se orientan a viabilizar las evaluaciones técnicas correspondientes de los internos aptos para los beneficios que contemple la ley nacional. La resolución que implementa el plan de deshacinamiento lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra. Con la firma de Jiménez, el sector formaliza los lineamientos políticos dirigidos a mejorar los estándares de habitabilidad y control en las cárceles del país.
El Gobierno formalizó la aprobación del Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 mediante la Resolución Ministerial 0203-2026-JUS publicada en El Peruano. La estrategia multisectorial cuenta con la firma del ministro Luis Enrique Jiménez Borra y encarga la ejecución operativa al Instituto Nacional Penitenciario, la Dirección de Defensa Pública y la Dirección de Gracias Presidenciales. El Instituto Nacional Penitenciario dispone de 15 días hábiles para diseñar las herramientas técnicas de monitoreo junto a la Dirección General de Asuntos Criminológicos, promoviendo alianzas estratégicas que amplíen los servicios de asistencia legal y patrocinio en las prisiones.