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Gobierno descarta que tenga carta para salida de Perú de SIDH

Eduardo Arana aseguró que no hay ningún documento ni proyecto formal para dejar el Sistema Interamericano, aunque el Gobierno evalúa su permanencia tras discrepancias por la ley de amnistía.
Foto: PCM - Video: Canal N

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó este miércoles 10 de setiembre que exista una carta formal o proyecto redactado para una eventual salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En conferencia de prensa, precisó que el Ejecutivo se encuentra únicamente en la etapa inicial de evaluación sobre el tema, y que cualquier decisión será responsabilidad del Ministerio de Justicia y la Cancillería.

La aclaración de Arana se dio luego de que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunciara públicamente que el Gobierno evaluaba la permanencia del país en dicho sistema. Las declaraciones de Santiváñez fueron formuladas el 9 de setiembre durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como respuesta a la resolución de la Corte IDH que pide suspender la aplicación de la Ley de Amnistía.

Eduardo Arana, jefe del gabinete - Foto: PCM

Ejecutivo niega existencia de una carta formal

Durante la conferencia posterior al Consejo de Ministros, Arana respondió directamente a una consulta sobre una supuesta carta de salida.

“No hay ninguna carta ni hay proyecto de carta sobre el particular”, enfatizó, y cuestionó la validez de la información manejada por algunos medios.

Según indicó, el Ejecutivo apenas se encuentra en la fase de análisis técnico y jurídico. “Estamos hablando primero de un estudio, estamos en la etapa inicial, que es la de estudiar”, afirmó el jefe del gabinete.

Añadió que las acciones futuras serán responsabilidad de los sectores competentes: el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Críticas a la Ley de Amnistía

Las declaraciones de Arana ocurren en medio de un conflicto diplomático y jurídico generado por la promulgación de la Ley N.° 32419, conocida como la Ley de Amnistía.

Esta norma, aprobada por el Congreso y promulgada en agosto, ha sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Corte IDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Corte IDH resolvió el 3 de setiembre ordenar al Estado peruano que no aplique esta ley en los casos Barrios Altos y La Cantuta, por considerar que afecta el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

A raíz de esta resolución, el ministro Santiváñez planteó públicamente la posibilidad de revisar la participación del Perú en el sistema regional.

Críticas del Ejecutivo a la Corte IDH

En la misma conferencia, Arana también criticó el reciente fallo de la Corte IDH, afirmando que constituye una intromisión en la autonomía judicial del país.

“Lo que me extraña es que una corte se haya permitido decirles a los jueces del Perú cómo deben sentenciar”, declaró.

Para el jefe del gabinete, el control difuso o de convencionalidad es una potestad de cada juez, y no debe ser condicionado por organismos supranacionales.

“Eso llama poderosamente la atención”, dijo, insistiendo en que debe respetarse la independencia del Poder Judicial peruano.

Reacciones por posible salida del Sistema Interamericano

Diversas voces del ámbito jurídico y político se han pronunciado sobre la posibilidad de una salida del Sistema Interamericano. Algunos sectores la consideran inviable, mientras otros la respaldan como un acto de soberanía frente a decisiones externas que consideran arbitrarias.

La evaluación de la permanencia en el sistema forma parte de un contexto mayor, en el que el Ejecutivo ha sido criticado por promover normas que podrían favorecer a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno que vivió el país entre 1980 y 2000.

Rol del Ministerio de Justicia en la evaluación

Eduardo Arana precisó que la cartera de Justicia es la encargada de evaluar técnicamente el vínculo del Perú con el sistema interamericano.

Hasta ahora, el titular del sector ha defendido la constitucionalidad de la ley cuestionada por la Corte IDH y ha afirmado que esta responde al principio de separación de poderes.

En su intervención en Ginebra, Santiváñez afirmó que “el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y propuso revisar las normas que regulan dicho sistema, tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal.

Críticas al discurso internacional del Gobierno

Las declaraciones del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, también generaron reacciones desde el Ejecutivo. El funcionario afirmó que la ley peruana “representa un retroceso para la justicia y la verdad”, lo que fue considerado una intromisión por voceros oficiales.

“Las respuestas brutales solo producen más desapego, tensión y violencia”, había declarado Türk, en alusión a los efectos de las medidas impulsadas por el Gobierno. Esta frase fue citada por diversos medios como un llamado de atención a las autoridades peruanas.

¿Qué viene ahora en la relación con el Sistema Interamericano?

Pese a que se ha descartado por ahora una salida del Sistema Interamericano, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de revisar su relación con este. No se ha establecido un plazo ni se ha confirmado si se conformará una comisión específica para la evaluación.

Por el momento, el Ejecutivo se ha limitado a señalar que se trata de una etapa de estudio. No obstante, las declaraciones de sus principales voceros evidencian una postura crítica hacia las decisiones recientes del sistema y un interés en replantear la relación institucional del Perú con este organismo.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó la existencia de una carta para iniciar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Afirmó que solo se está evaluando el tema. Además, criticó a la Corte IDH por su resolución que ordena no aplicar la ley de amnistía, considerando que vulnera la autonomía judicial. El ministro Santiváñez había anunciado esa evaluación tras el pronunciamiento del tribunal. El Gobierno afirma que cualquier análisis será liderado por Justicia y Relaciones Exteriores.

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