Ejecutivo insiste en tipificar terrorismo urbano
Ni el estado de emergencia ni los constantes cambios de ministros del Interior han logrado frenar la ola de criminalidad que golpea a distintas regiones del país.
A pesar de las intervenciones en Lima Metropolitana y en zonas del norte como Piura y Trujillo, el crimen organizado mantiene una presencia violenta y constante.
Frente a este panorama, el Ejecutivo insiste en su propuesta de incluir la figura del “terrorismo urbano” en el Código Penal como una nueva herramienta legal.
La medida busca endurecer las penas para delitos cometidos por bandas que operan con armas de fuego, dinamita o métodos de amedrentamiento colectivo.
La premisa del Gobierno es clara: se necesita una norma específica, dura y frontal para enfrentar a una delincuencia que no solo roba, sino que extorsiona, secuestra y asesina con prácticas similares al terrorismo.
Al respecto, varios alcaldes han mostrado su respaldo a esta iniciativa. Uno de ellos es Felipe Castillo, alcalde del distrito de Los Olivos, quien fue uno de los primeros en plantear públicamente esta propuesta
“De aprobarse esta norma, la Policía tendría hasta quince días para investigar, lo cual es vital. Hoy solo tienen tres días y eso es insuficiente para enfrentar delitos de tipo federal o cometidos por organizaciones criminales complejas”, declaró.
Castillo también advirtió que el actual sistema es “demasiado garantista” y no permite actuar con contundencia. Según su estimación, más del 98% de los casos graves terminan sin sentencia firme o archivados, debido a la falta de tiempo para una adecuada investigación preliminar.
La iniciativa, sin embargo, no está exenta de controversia. Para el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, ya existen normas suficientes para sancionar los delitos cometidos por el crimen organizado.
“Lo que debemos acelerar es la denuncia, la aplicación de sanciones, no podemos tener investigaciones preliminares que duren tres años y encima se amplíen”, comentó.
Jueces sin rostro
Otro punto en debate es la propuesta para reintroducir los jueces sin rostro, como ocurrió en los años 90 en la lucha contra el terrorismo subversivo.
Castillo sostiene que los magistrados y fiscales están siendo amenazados, no solo ellos, sino también sus familias. “Se necesita protección real. Si eso implica volver a los jueces sin rostro, que se haga”, sentenció.
El Gobierno aún evalúa solicitar facultades legislativas al Congreso para crear esta nueva figura delictiva. Mientras tanto, el Ministerio de Economía ha recortado su proyección de crecimiento, lo que complica aún más el escenario de lucha contra la inseguridad.