Gobierno: medidas complementarias al estado de emergencia en Lima
El Gobierno publicó este viernes el Decreto Supremo N° 127-2025-PCM, que modifica y complementa el actual estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La norma incorpora una nueva estructura de coordinación operativa, mecanismos de inteligencia, medidas de control penitenciario y territorial, así como el uso de tecnología satelital. La decisión fue adoptada tras una recomendación formal de la Policía Nacional del Perú.
La norma reemplaza varios artículos del decreto anterior (N° 124-2025-PCM) que, según anunció el presidente José Jerí previamente, tiene el objetivo de optimizar la efectividad de las intervenciones contra la criminalidad organizada y elevar la capacidad de respuesta del Estado en zonas de alto riesgo.
Comando unificado y estructura multisectorial
Se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la Policía Nacional e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, gobiernos locales y la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta instancia centraliza las decisiones y lidera el despliegue conjunto de fuerzas operativas.
El CCO estará respaldado por cuatro comités: el de Coordinación Distrital (CCD), de Inteligencia (CI), de Fiscalización (CF) y de Comunicación Estratégica (CCE). Cada uno tiene funciones específicas de monitoreo, intervención, difusión oficial y control táctico a nivel local y nacional.
Medidas especiales en centros penitenciarios
El decreto establece restricciones estrictas para visitas en penales: solo una visita semanal para el régimen cerrado ordinario y una quincenal para el especial. Además, se limitará la electricidad en celdas y se procederá con el desmontaje de antenas de telecomunicaciones no autorizadas.
Los operativos de incautación estarán a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, con apoyo aéreo mediante drones. También se dispone el traslado inmediato de internos considerados peligrosos y la rotación del personal penitenciario.
El acceso a los establecimientos penitenciarios se realizará bajo vigilancia directa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes además verificarán el funcionamiento de bloqueadores de señal.
Uso de imágenes satelitales y vigilancia predictiva
El Comité de Inteligencia utilizará imágenes satelitales, en coordinación con la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), para monitorear zonas críticas. Estas imágenes formarán parte de un Sistema Integrado de Videovigilancia e Inteligencia Predictiva que combina cámaras públicas, drones y algoritmos de reconocimiento facial.
Este sistema estará bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. El objetivo es anticipar eventos delictivos y facilitar intervenciones rápidas.
Reconocimientos, incentivos y recompensas en apoyo a la estrategia
El estado de emergencia también contempla medidas para estimular el desempeño y la colaboración ciudadana. En su artículo 6.5, el decreto dispone la entrega de reconocimientos oficiales a miembros de las fuerzas integradas que participen en acciones destacadas
Estas distinciones se otorgan en el Palacio de Gobierno y tienen como finalidad fortalecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco de la emergencia.
Además, se han establecido incentivos formales que serán otorgados mediante Resolución Suprema a un integrante de las Fuerzas Armadas y a uno de la Policía Nacional del Perú que hayan tenido una labor especialmente destacada.
El objetivo es mejorar la efectividad de las capturas de requisitoriados incluidos en listas de los más buscados, así como miembros de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
Cadetes y personal en apoyo logístico
El decreto autoriza que cadetes de último año de las escuelas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas participen en tareas administrativas y en marchas de campaña con fines disuasivos. Esta medida busca liberar personal operativo para acciones en campo durante el estado de emergencia.
Asimismo, se aplicarán pruebas de polígrafo al personal penitenciario y otros funcionarios, como parte del control de confianza que coordina el Sistema de Inteligencia Nacional.
Operativos contra mercados ilegales
El Comité de Fiscalización ejecutará intervenciones dirigidas a erradicar mercados ilegales. Las acciones incluyen operativos contra la trata de personas, el narcotráfico, el comercio de armas, la venta informal de chips telefónicos y celulares, así como el transporte informal de pasajeros.
Estas operaciones estarán a cargo de equipos mixtos conformados por entidades como SUNAT, SUCAMEC, OSIPTEL, MIGRACIONES y los gobiernos locales, quienes reportarán diariamente al CCO.
Medidas judiciales y tecnológicas complementarias
El Ministerio Público y el Poder Judicial ampliarán su capacidad de respuesta durante el estado de emergencia, con medidas especiales de seguridad para fiscales y jueces. Se prioriza el uso de la plataforma de denuncias en línea y el acceso expedito a información operativa.
Por otro lado, se declara de necesidad pública la ampliación del Centro de Comando, Control y Comunicación (C4) de la Policía Nacional. Los gobiernos locales están obligados a interconectar sus sistemas de videovigilancia con este centro.
Financiamiento y rendición de cuentas
La implementación de las nuevas medidas será financiada con el presupuesto de las entidades involucradas y con asignaciones extraordinarias del Ministerio de Economía y Finanzas, según disponibilidad.
El CCO deberá presentar informes de avances al Ministerio del Interior y, al finalizar el estado de emergencia, enviar un informe final a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial.
El Decreto Supremo N° 127-2025-PCM modifica el estado de emergencia en Lima y Callao, incorporando una nueva estructura de comando liderada por la Policía Nacional. Las medidas incluyen restricciones en penales, uso de imágenes satelitales para monitoreo, apoyo de cadetes en tareas logísticas y operativos territoriales intensivos. Se establecen comités especializados para inteligencia, fiscalización y coordinación distrital. Además, se implementan acciones contra mercados ilegales y se refuerza la respuesta del sistema judicial. La vigilancia tecnológica y la interoperabilidad entre instituciones son ejes clave. El financiamiento proviene de fondos sectoriales y asignaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.