Gobierno suspendió a presidente ejecutivo de Osiptel
Rafael Muente calificó como "ilegal" y "arbitraria" la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) suspendió por 365 días, sin goce de haber, al presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente, por el uso de fondos públicos para un programa de capacitación.
A través de un comunicado, Muente explicó que la contratación de una capacitación cumplió con todos los procedimientos de ley, habiéndose hecho caso omiso para la emisión de la mencionada Resolución Ministerial, del informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República, que concluye que no existen elementos de juicio que denoten la transgresión de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado.
También indicó que no se tomó en cuenta la opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servur), que precisa que los funcionarios están habilitados para recibir capacitación de tipo formación laboral; ni el informe de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, que dispuso el archivamiento de la acción de control disciplinario por no existir elementos que permitan evidenciar hechos que constituyan una falta administrativa disciplinaria.
Asimismo, Muente sostuvo que el procedimiento administrativo iniciado por la PCM ha excedido todos los plazos legales y ha quebrado todas las reglas del debido proceso.
Además, resaltó que el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, tiene una “probada animadversión” contra él.
“Ha sido resuelto por el señor Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, quien está incurso en la causal de abstención por su carencia de imparcialidad dada la probada animadversión hacia mi persona, que deviene de una relación profesional accidentada que data del año 2005. Se trata de la misma autoridad que, meses atrás, buscó fusionar los organismos reguladores”, apuntó.
“Por ello, recurriré a todas las instancias legales para salvaguardar mi honor, dignidad y derecho a laborar en favor de nuestro país privilegiando, siempre, el bienestar ciudadano y no los intereses particulares”, precisó.