Gobierno transfiere S/240 millones a Petroperú para su reorganización
La transferencia fue aprobada mediante Decreto de Urgencia y busca asegurar la continuidad de producción
El Gobierno autorizó, mediante Decreto de Urgencia, la transferencia de S/240 millones a favor de Petroperú. Esta medida forma parte de un conjunto de acciones extraordinarias que buscan reorganizar patrimonial y operativamente a la empresa estatal, salvaguardar su sostenibilidad financiera y asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el país, especialmente en regiones alejadas donde Petroperú tiene mayor cobertura.
Contexto crítico y reorganización patrimonial
La norma responde a la compleja situación financiera de Petroperú S.A., que enfrenta pérdidas netas por S/1,611 millones al mes de octubre de 2025, además de deudas con proveedores superiores a S/2,569 millones al cierre de diciembre del mismo año. Entre 2022 y 2024, el Estado ya otorgó apoyos financieros por S/17,888 millones, una cifra superior a los presupuestos anuales de sectores como Salud o Educación.
La nueva disposición permite la reorganización patrimonial de la empresa en uno o más bloques que agruparán activos estratégicos, incluida la Nueva Refinería de Talara, y contempla la reestructuración interna bajo respeto a la normativa laboral vigente.
ProInversión asumirá rol clave en el proceso
El Decreto de Urgencia encarga a ProInversión la conducción integral del proceso de promoción de la inversión privada, desde el diseño del plan hasta su implementación, bajo criterios técnicos, de transparencia y eficiencia. También podrá estructurar mecanismos financieros como fideicomisos de administración, garantía y flujos, para que los ingresos generados se destinen al pago de pasivos operativos críticos, obligaciones financieras y operaciones continuas de la empresa.
Gobierno espera restablecer sostenibilidad
Según el Ejecutivo, estas acciones buscan reordenar el patrimonio de Petroperú sin comprometer su operatividad, acabar con los privilegios dentro de la gestión estatal y restablecer la viabilidad de una empresa considerada clave para el sector energético nacional. Las medidas tendrán una vigencia de un año, tiempo durante el cual se realizará un seguimiento constante del proceso.