Gonza propone que solo jueces y fiscales titulares procesen
El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un nuevo proyecto de ley que plantea modificar el Código Procesal Penal con un cambio clave: que solo los jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar y juzgar a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. La propuesta ha generado un inmediato debate por sus posibles implicancias en la independencia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción.
¿Qué propone exactamente el proyecto de ley?
La iniciativa (PL 11750/2024-CR) busca modificar cuatro artículos del Nuevo Código Procesal Penal (44, 450, 451 y 452) para restringir la participación de jueces y fiscales provisionales o supernumerarios en los procesos penales contra altos funcionarios como el presidente de la República, ministros, congresistas, miembros del TC, fiscales supremos, entre otros.
Según el texto, la fiscal de la Nación deberá nombrar a un fiscal supremo titular para cada proceso, mientras que la Sala Penal de la Corte Suprema designará a un juez de investigación preparatoria y a los integrantes de la sala penal especial, todos titulares. Además, cualquier persona que haya intervenido en los presuntos delitos de estos funcionarios también sería juzgada bajo esta misma jurisdicción.
¿Cuál es la justificación de Américo Gonza?
Gonza argumenta que la medida busca fortalecer la legitimidad institucional, garantizar un proceso penal más transparente y reducir el riesgo de injerencias políticas. Asegura que los magistrados titulares ofrecen mayor estabilidad e independencia, especialmente en casos de alto perfil que suelen despertar tensiones políticas y mediáticas.
“La provisionalidad ha generado vulnerabilidad en el sistema de justicia. Hay que blindarlo con profesionales estables y autónomos”, se indica en la exposición de motivos.
También se afirma que esta modificación evitará presiones externas y fortalecerá la confianza pública en las decisiones judiciales sobre casos sensibles.
¿Quiénes respaldan la iniciativa?
El proyecto no es un esfuerzo aislado. Entre los coautores figuran los congresistas perulibristas Flavio Cruz, Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo, Isaac Mita y María Agüero, todos vinculados al sector más radical de Perú Libre.
Cabe recordar que Gonza también ha propuesto declarar en emergencia al Ministerio Público por seis meses, lo que incluiría la destitución de la fiscal de la Nación y otros altos fiscales. Su proyecto plantea crear una junta transitoria que reorganice totalmente la estructura de dicha entidad, con un fiscal nacional interino y nuevas leyes orgánicas. Ambas propuestas apuntan a una transformación radical del sistema de justicia.
¿Qué efectos tendría la medida?
De aprobarse, el proyecto afectaría directamente las investigaciones en curso contra altos funcionarios, incluidas las que actualmente lideran fiscales no titulares. Esto podría forzar la reasignación o anulación de procesos y ser utilizado por defensas legales para cuestionar la validez de diligencias previas.
La medida podría generar espacios de impunidad si, por ejemplo, no hay disponibilidad inmediata de titulares o si el Ministerio Público se ve limitado por una estructura jerárquica politizada.
También se plantea que al imponer un requisito rígido de titularidad se podría ralentizar los procesos penales en lugar de acelerarlos.
¿Qué dice el artículo 99 de la Constitución?
Este artículo establece que corresponde a la Comisión Permanente del Congreso acusar ante el pleno a los altos funcionarios por infracciones constitucionales o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de su cese.
En ese marco, cualquier proceso penal contra ellos solo puede iniciarse tras una resolución acusatoria del Congreso, lo cual ya supone un filtro político. Con esta nueva iniciativa, Gonza plantea un segundo filtro, ahora judicial, al exigir que todos los actores sean titulares.
¿Qué sigue ahora?
El proyecto ha sido derivado a la Comisión de Justicia del Congreso para su análisis. Se espera que en los próximos días se debata su admisión o rechazo en base a su viabilidad jurídica y política.
¿Américo Gonza pidió reorganizar la Fiscalía?
En junio de 2025, el congresista Américo Gonza presentó un proyecto de ley que propone declarar en emergencia al Ministerio Público por seis meses, como parte de una reforma constitucional más amplia. La iniciativa implica la reorganización completa de la estructura fiscal del país, lo que incluye la destitución de la fiscal de la Nación y otros altos fiscales.
El proyecto de Gonza establece una declaratoria de emergencia para el Ministerio Público desde la entrada en vigencia de la ley, por un periodo de seis meses. Durante este tiempo, se pondría en marcha una reorganización que modificaría su estructura y funcionamiento.
Uno de los aspectos más controversiales es que esta reforma requiere modificar la Constitución, añadiendo disposiciones complementarias que autoricen medidas extraordinarias. La propuesta no solo busca cambios internos, sino un rediseño institucional que parte de cero, con nuevas autoridades transitorias.
Destitución de fiscales y nombramiento de nueva junta transitoria
Según el artículo quinto del proyecto, durante el periodo de emergencia se dispone la destitución de la fiscal de la Nación y de todos los fiscales supremos y adjuntos supremos, tanto titulares como provinciales.
La Junta Nacional de Justicia será la encargada de seleccionar mediante concurso público a los nuevos integrantes de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos. Esta junta estará conformada por siete miembros que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 156 de la Constitución.
Entre ellos elegirán a un fiscal de la Nación transitorio, que asumirá todas las funciones correspondientes a la máxima autoridad del Ministerio Público.
Nuevas leyes y mandato temporal de la Junta Transitoria
La Junta Transitoria tendrá un plazo máximo de seis meses para presentar al Congreso de la República dos propuestas legislativas: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y una nueva Ley de la Carrera Fiscal.
El fiscal transitorio y la junta ejercerán sus funciones únicamente hasta la promulgación de estas leyes. Esta disposición se presenta en medio de los cuestionamientos hacia la actual estructura del sistema judicial y las tensiones entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia.
También coincide con la labor de una comisión congresal encargada de evaluar una reforma integral del sistema de justicia.