Gremios cuestionan clausuras en Miraflores
Representantes del sector empresarial piden razonabilidad y aplicación no selectiva en medidas de fiscalización municipal
Diversos gremios empresariales que representan a micro y pequeñas empresas (MYPES), pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes compañías a nivel nacional emitieron un comunicado a la opinión pública en el que expresan su preocupación frente a la reciente ola de clausuras y acciones de fiscalización ejecutadas en el distrito de Miraflores.
El pronunciamiento surge luego de las intervenciones municipales que derivaron en el cierre temporal de diversos establecimientos comerciales en la jurisdicción.
En el documento difundido, los gremios firmantes señalan que las acciones de fiscalización, por su simultaneidad y alcance, han generado inquietud en el sector empresarial.
Indican que la preocupación radica en la aplicación equitativa y no selectiva de las medidas adoptadas por la autoridad municipal. El comunicado subraya que las intervenciones han afectado a distintos comercios formales del distrito.
Compromiso con el cumplimiento normativo
Los representantes empresariales reafirmaron su compromiso con el cumplimiento de las normas municipales, sanitarias y de seguridad.
En ese sentido, manifestaron que sus asociados mantienen la disposición de adecuarse a los requisitos establecidos por las autoridades competentes. Sin embargo, sostienen que las acciones de fiscalización deben ejecutarse bajo criterios de razonabilidad y predictibilidad.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento empresarial es que la clausura constituye la medida sancionadora más severa dentro del ámbito administrativo.
Por ello, consideran que esta debe aplicarse únicamente ante incumplimientos graves que estén debidamente acreditados. Según el comunicado, la aplicación de la clausura debe responder a criterios técnicos claros y proporcionales.
Los gremios enfatizan que toda acción de fiscalización debe cumplir con principios de razonabilidad y predictibilidad. Sostienen que estos criterios permiten garantizar seguridad jurídica a los establecimientos formales y evitar interpretaciones discrecionales.
El documento plantea la necesidad de que las medidas sean proporcionales a la gravedad de las observaciones detectadas.