Guembes: Contratación de familiares en Congreso es un patrón
César Delgado Guembes advierte que las contrataciones irregulares en el Congreso, como el caso de madre e hija, son parte de un patrón sistémico. Señaló que la Oficina de Recursos Humanos omite normas por decisiones políticas que favorecen a partidos
Las contrataciones irregulares en el Congreso de la República vuelven a estar en el centro del debate. César Delgado Guembes, exoficial mayor del Parlamento, advirtió que estos casos reflejan una conducta institucional tolerada, incluso normalizada, por las oficinas responsables y los partidos políticos.
Una reciente denuncia involucra a Cecilia Salazar Matos, asesora principal de la congresista Rosío Torres (APP), y a su hija Alejandra Tafur Salazar, contratada en el área de Bienestar del Congreso.
Según Delgado Guembes, este tipo de contrataciones no se limita a casos puntuales. "Lamentablemente, nos encontramos ante un comportamiento sistémico", señaló. Esto se refleja en la repetición de estas prácticas durante años, sin que se implementen correctivos reales.
El exoficial mayor resaltó que existe un código de ética pública que prohíbe este tipo de favoritismos, pero no se respeta. La Oficina de Recursos Humanos del Congreso sería responsable directa de permitir estas contrataciones, sin iniciar procesos disciplinarios ni sancionatorios.
Rol político y favorecimiento partidario
Delgado identificó un patrón de decisiones políticas orientadas por partidos como Alianza para el Progreso (APP), que beneficiarían directamente a sus militantes.
"Es un grave riesgo institucional", sostuvo, al referirse a cómo estas prácticas erosionan la credibilidad del Parlamento.
La contratación de Alejandra Tafur, odontóloga y militante de APP, es vista como una “herencia” del puesto que antes ocupaba su madre. Para Delgado, esto representa una falta grave, especialmente porque Cecilia Salazar está implicada en una investigación por recorte de sueldos.
Contrato de oficinas para la bicameralidad
Otro hecho que preocupa a Delgado es el alquiler de una oficina en San Luis por cerca de S/ 500 mil anuales, supuestamente para preparar el retorno a la bicameralidad. A su juicio, este gasto es innecesario, considerando que el Congreso ya cuenta con trece edificios.
Criticó que el planeamiento estratégico, que debería guiar decisiones institucionales, brille por su ausencia. "El próximo Congreso debe decidir cómo implementar la bicameralidad. Este no tiene por qué dejarle el camino preparado", afirmó.
Falta de control e impunidad
Finalmente, Delgado cuestionó que ni la Comisión de Ética ni la de Procesos Disciplinarios actúan de manera efectiva. "La impunidad se ha institucionalizado", dijo, lamentando que este tipo de conductas no solo queden impunes, sino que además se repitan sin consecuencias.
En conclusión, la contratación de madre e hija en el Congreso, ambas militantes de APP, revela un patrón de favoritismo político y falta de control interno.
César Delgado Guembes alerta sobre la normalización de estas prácticas, la inacción de órganos disciplinarios y el uso ineficiente del presupuesto público, como el alquiler de oficinas para la bicameralidad.