Guerrero: No hay sustento legal para pedido contra Fuerza Popular
El exprocurador anticorrupción Alex Guerrero cuestionó la legalidad del pedido formulado por la fiscal de la Nación para declarar ilegal al partido Fuerza Popular.
Durante una entrevista con Canal N, sostuvo que esta solicitud no encontraría sustento válido en el marco constitucional y debería ser competencia del Jurado Nacional de Elecciones.
Guerrero recordó que si bien la Fiscalía tiene atribuciones en la persecución del delito, también debe actuar bajo el principio de legalidad. En ese sentido, advirtió que no basta con alegar conductas antidemocráticas sin presentar pruebas fehacientes ante el Poder Judicial.
Exprocurador cuestiona competencia de la Fiscalía para declarar ilegal a un partido
Según Guerrero, la fiscal de la Nación no tendría atribución directa para solicitar la ilegalidad de un partido político, ya que esa decisión compete al Jurado Nacional de Elecciones.
Indicó que la función del Ministerio Público debe centrarse en investigar delitos con sustento jurídico y no en intervenir en el sistema político mediante interpretaciones sin pruebas.
Aclaró además que no corresponde emitir juicios sobre motivaciones políticas de la fiscal, pero insistió en que el pedido debe ser analizado únicamente bajo el marco legal vigente. "Si no hay prueba, el Poder Judicial va a rechazar el pedido", puntualizó.
Análisis de los argumentos presentados por la Fiscalía
La demanda de la fiscal de la Nación señala cuatro supuestas conductas antidemocráticas: hostigamiento de opositores, exclusión interna de congresistas, impulso a leyes de amnistía vinculadas al terrorismo y legitimación de la violencia política.
Guerrero comentó cada punto resaltando que, aunque los hechos puedan haber ocurrido, corresponde determinar si configuran delitos comprobables.
Sobre el caso del excongresista Kenji Fujimori, sostuvo que la fiscal deberá demostrar que la exclusión del partido vulneró principios constitucionales y no fue simplemente un conflicto interno.
En relación con la amnistía, recordó que los legisladores están facultados para emitir leyes, por lo que su aprobación no implica, por sí sola, una conducta penal.
Pedido deberá ser resuelto antes del cierre electoral
Guerrero señaló que si el pedido de ilegalización sigue su curso, el Poder Judicial deberá pronunciarse antes del cierre del cronograma electoral, previsto para octubre. De lo contrario, se generarían conflictos en el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones de 2026.
En paralelo, la fiscal de la Nación enfrenta un procedimiento disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia, que evalúa su posible suspensión por no ejecutar una resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides.
Guerrero afirmó que esta evaluación forma parte de las competencias regulares de la JNJ y debe seguir su cauce legal.