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Gutiérrez: JNJ tiene atribución para reponer a Patricia Benavides

Magistrado del Tribunal Constitucional afirmó en Canal N que la decisión de la JNJ “es plenamente válida” y debe cumplirse por las vías legales.
Foto y video: Canal N

El magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse afirmó en entrevista con Canal N que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene plena competencia legal para decidir sobre la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.

“La Junta ya cumplió con su mandato (...). Todo lo que producen los órganos competentes son plenamente válidos”, señaló.

El magistrado enfatizó que si se considera inválida dicha resolución, se debe impugnar por la vía legal y no rechazarla de facto.

“¿Por qué tendría que cuestionar una resolución emitida por un órgano constitucional legalmente constituido, evacuado por un colegiado?”, preguntó, dejando clara su posición sobre la legitimidad del acto administrativo.

Desacato generaría responsabilidades institucionales

Gutiérrez Ticse advirtió que el incumplimiento de resoluciones de órganos constitucionales representa un mal precedente institucional y podría acarrear consecuencias legales.

“Los altos funcionarios estamos obligados a cumplir las leyes y a cumplir los mandatos”, expresó.

Agregó que decisiones como las de la JNJ se presumen válidas hasta que sean legalmente anuladas, por lo que ignorarlas envía un mal mensaje a la ciudadanía.

“No utilizar mecanismos legales, sino simplemente cuestionar de facto, da un pésimo mensaje”, sentenció.

Unanimidad no exige presencia absoluta del colegiado

Respecto a la interpretación del concepto de unanimidad, cuestionado por algunos magistrados, Gutiérrez sostuvo que se refiere a los miembros hábiles presentes en la sesión, no a la totalidad del colegiado.

“Sería bastante complejo que siempre tenga que votar todo un colegiado cuando puede haber una situación de enfermedad, una situación de riesgo, etcétera”, explicó.

Esta precisión responde al argumento usado por Francisco Távara para cuestionar la decisión de la JNJ.

Entrega de resolución firmada no invalida su ejecución

Consultado sobre la exigencia de la firma de todos los magistrados para validar la reposición, el magistrado fue claro: “Esos son temas que pueden ser sujetos de cuestionamiento”, pero no invalidan una resolución adoptada por un órgano competente.

Enfatizó que cualquier objeción formal debe resolverse a través de los mecanismos que ofrece el orden jurídico.

Urge una reforma integral del sistema de justicia

El magistrado expresó que no solo el Ministerio Público, sino todo el sistema judicial requiere una reforma profunda.

“El Tribunal Constitucional no puede resolver toda la carga que tiene (...). Necesitamos una justicia más rápida, más accesible”, sostuvo.

Se refirió, por ejemplo, a personas que mueren antes de obtener un fallo favorable en procesos de pensiones o amparos, lo que revela una falta de eficacia estructural del aparato judicial.

El derecho y no la fuerza como salida

Gutiérrez reiteró su llamado a que todas las partes en conflicto se sometan al imperio del derecho.

“No se trata de quién tiene razón porque lo cree, sino de usar las vías legales para cuestionar o ejecutar una resolución”, dijo.

Invocó a las autoridades a evitar escenarios de tensión institucional prolongada: “Hay mecanismos legales para todo. No es cuestión de imponer ni de incumplir”.

Corrección dentro de la administración es válida

También explicó que es posible que un órgano administrativo corrija decisiones propias sin esperar un fallo judicial.

Esto, según detalló, evita años de litigio y permite resolver rápidamente controversias que generan incertidumbre institucional.

Crítica implícita al Ministerio Público y la JNJ

Aunque evitó afirmaciones directas, al ser consultado sobre si el Ministerio Público y la Junta de Fiscales Supremos estaban desacatando resoluciones, dejó entrever su opinión con una frase elocuente: “Si tú lo entiendes, eres una persona bastante inteligente. Yo prefiero no decir más”.

Preocupación por apertura de investigaciones con base política

Gutiérrez mostró inquietud por el uso potencialmente político de las investigaciones fiscales contra magistrados y autoridades.

“Me preocupa que se abran carpetas tan sencillamente, con simplemente un dicho (...). Eso puede contaminar una investigación y volverla política”, advirtió.

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