Gutiérrez: Un presidente no puede ser investigado ni acusado

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, advirtió que el país atraviesa un momento crítico en cuanto a su estabilidad institucional.  

En declaraciones a la prensa, subrayó que su preocupación no está centrada en la persona de Dina Boluarte, sino en el instituto presidencial.

“Ella no se va a beneficiar con nada, ya le patearon la puerta, ya le presentaron todas las denuncias posibles. Se trata de resguardar la figura presidencial”, declaró. 

Recordó que, conforme a la Constitución, un presidente no puede ser acusado durante su mandato salvo en casos específicos. Recalcó que el respeto a esta norma garantiza la estabilidad política, lo que a su vez genera condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 

Amenazas principales para la democracia 

El defensor señaló que existen dos amenazas principales para la democracia: la autocracia y la anarquía, y que ambas están presentes hoy en el Perú, debilitando el ejercicio legítimo del poder tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. 

Gutiérrez remarcó que la Defensoría del Pueblo no busca blindar a la presidenta Dina Boluarte, sino proteger la investidura presidencial como símbolo de institucionalidad.  

Recordó que la jefa de Estado ya enfrenta 25 denuncias constitucionales, lo que descarta cualquier supuesto beneficio político personal en los pronunciamientos institucionales. 

Poderes fácticos toman control ante un Estado débil 

El defensor del Pueblo expresó preocupación por la erosión de la legitimidad de los poderes democráticamente constituidos, advirtiendo que cuando el Congreso y el Ejecutivo pierden fuerza, los poderes fácticos toman control. Esta situación, sostuvo, socava el estado de derecho y amenaza la democracia representativa. 

Ante ello, pidió al Parlamento y al gobierno que todas las decisiones que adopten en lo que resta del mandato estén orientadas a fortalecer la institucionalidad. “Debemos evitar caer en extremos que debiliten aún más al Estado”, sostuvo. 

REINFO debe ser derogado por fomentar la ilegalidad 

Finalmente, Gutiérrez abordó el tema del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), señalando que su existencia ha incentivado la informalidad y distorsionado la lucha contra la minería ilegal. 

Propuso su derogación inmediata y planteó una “reingeniería normativa” que permita diferenciar claramente lo informal de lo ilegal. 

“Bajo la informalidad se escudan los ilegales. Eso es lo más dañino para la sociedad, porque distorsiona el estado de bienestar”, concluyó el defensor.