Hermano del premier Arroyo obtuvo contrato en el IPD
Jaime Arroyo Sánchez, hermano mayor del primer ministro, fue contratado en el Instituto Peruano del Deporte tras tramitar su Registro Nacional de Proveedores, reveló Cuarto Poder
El hermano mayor del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, fue contratado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) mediante una orden de servicio emitida el 27 de mayo de 2026. Según reveló una investigación periodística de Cuarto Poder, Jaime Desposorio Arroyo Sánchez, de 72 años, obtuvo una contratación por un monto total de S/ 6000 para prestar el servicio de apoyo en campo para los programas y eventos deportivos de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte. La contratación ocurrió pocas semanas después de que el familiar del primer ministro gestionara por primera vez su Registro Nacional de Proveedores (RNP).
La incorporación de Jaime Arroyo Sánchez al aparato estatal se concretó a través de la oficina encargada de fomentar la actividad física y el deporte en la población del país. De acuerdo con los registros oficiales de contrataciones públicas, el hermano del premier obtuvo su RNP el 5 de mayo de 2026, fecha a partir de la cual quedó habilitado para ser invitado y contratado por la entidad deportiva adscrita al sector público. Antes de esta orden de servicio, el único antecedente laboral de Jaime Arroyo con el Estado se limitaba a dos órdenes emitidas en diciembre de 2017 por la Municipalidad Provincial de Ascope, en La Libertad, para laborar como guardián en la ejecución de una obra.
La omisión de actividades en las declaraciones juradas del Gabinete
El ingreso de Jaime Arroyo Sánchez al Instituto Peruano del Deporte contrasta de manera directa con la información consignada por el propio primer ministro Luis Enrique Arroyo Sánchez en sus instrumentos de fiscalización oficial. En las declaraciones juradas presentadas por el jefe del Gabinete Ministerial, tanto durante su gestión previa como ministro de Defensa como al asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, se declaró expresamente que su hermano mayor no registraba actividad, ocupación o profesión conocida. En los apartados destinados a detallar el centro de trabajo del familiar, el alto funcionario colocó de forma reiterada la frase "NO aplica".
La normativa sobre contrataciones del Estado establece restricciones claras respecto a los vínculos de parentesco de los altos funcionarios públicos. El especialista en contrataciones estatales José Trelles precisó que, si bien la legislación prohíbe a los ministros contratar a sus familiares dentro de su propio sector, este impedimento legal posee diferentes matices cuando se trata de otras entidades adscritas. El especialista remarcó que, frente a proveedores sin trayectoria previa en la administración pública, la entidad contratante debe esclarecer los criterios técnicos que motivaron la invitación directa y la calificación del perfil profesional.
Ante las consultas formuladas por el equipo periodístico respecto a una presunta injerencia directa o indirecta en la selección de su familiar, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un pronunciamiento institucional. A través de su área de comunicaciones, la PCM afirmó que el primer ministro recién tomó conocimiento de la relación laboral de su hermano tras los requerimientos de información. Asimismo, la entidad informó que, tras presentar su primer entregable y percibir un pago parcial de S/ 3000, Jaime Arroyo Sánchez decidió renunciar y desistir de continuar prestando servicios al IPD.
Las contradicciones en el historial laboral y la fiscalización del IPD
El historial de contrataciones públicas de Jaime Arroyo Sánchez demuestra que sus actividades comerciales con entidades del Estado han sido prácticamente inexistentes a lo largo de más de siete décadas. A sus 72 años, sobrepasando la edad habitual de jubilación, el ciudadano obtuvo el contrato de mayor cuantía en su registro personal justamente durante el ejercicio del cargo de su hermano en la jefatura del Gabinete Ministerial. Registros de actividades oficiales en la provincia de Ascope dan cuenta de que Jaime Arroyo acompañó al premier y a autoridades locales en desplazamientos públicos en la región La Libertad.
Frente a los cuestionamientos por la selección de un proveedor recién inscrito en el RNP, la Presidencia del Consejo de Ministros deslindó responsabilidad sobre los términos de referencia aplicados en la orden de servicio. En su comunicado, la PCM señaló expresamente que corresponde al Instituto Peruano del Deporte brindar las explicaciones técnicas y sustentar formalmente los criterios institucionales que justificaron la contratación de Jaime Arroyo Sánchez. Hasta el momento, las autoridades del IPD no han detallado el procedimiento administrativo mediante el cual se le cursó la invitación directa.
El análisis de los procedimientos de control posterior sugiere la necesidad de activar los mecanismos de auditoría interna en la entidad deportiva. Al respecto, el experto José Trelles indicó que el Órgano de Control Institucional (OCI) del IPD debe iniciar una investigación preliminar para revisar minuciosamente el proceso de convocatoria, la formulación de los términos de referencia y la conformidad de los servicios prestados. La indagación del órgano de control permitirá determinar si existieron irregularidades o favoritismos en la asignación del contrato público al hermano del jefe del Gabinete.
Las acciones de fiscalización y los descargos de la Presidencia del Consejo de Ministros
Las diligencias periodísticas realizadas en las direcciones registradas del contratista en las ciudades de Ascope y Trujillo no permitieron obtener sus descargos directos. Familiares consultados en los predios visitados indicaron que Jaime Arroyo Sánchez se encontraba en la ciudad de Lima por razones laborales, mientras que los requerimientos de entrevista abordados directamente al primer ministro Luis Enrique Arroyo Sánchez en actividades oficiales no recibieron respuesta por parte del jefe del Gabinete Ministerial.
El retiro intempestivo del proveedor tras el cobro de la mitad de la contraprestación fijada deja inconcluso el servicio de apoyo en campo contratado por la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte. La orden de servicio original estipulaba un pago total de S/ 6000 por las actividades de promoción deportiva, de los cuales Jaime Arroyo cobró S/ 3000 antes de presentar su carta de desistimiento formal ante el IPD.
La falta de precisión sobre los antecedentes profesionales que respaldaron la contratación del hermano del primer ministro mantiene bajo observación la transparencia de los procesos de adjudicación directa en el sector deporte. La investigación efectuada deja en manos del Órgano de Control Institucional y de las autoridades competentes la evaluación de las responsabilidades administrativas que correspondan a los funcionarios del Instituto Peruano del Deporte que intervinieron en la emisión de la orden de servicio.