Herrera Descalzi: diálogo minero exige reglas claras del Estado
Carlos Herrera Descalzi calificó como acertada la instalación de una mesa de trabajo de 60 días para abordar la formalización de la minería en el país. Sin embargo, advirtió que la iniciativa solo será efectiva si logra establecer reglas de juego claras y enfrentar el problema de fondo: la ocupación ilegal de concesiones mineras.
“El 97% de los mineros informales trabaja en tierras cuya concesión pertenece a otros. Ese es el obstáculo más difícil de resolver”, afirmó en Canal N.
Crítica a la exclusión del Ministerio Público
El exministro cuestionó que el Ministerio Público no haya sido convocado desde el inicio de la mesa, pese a tratarse de una problemática que implica actividades informales y, en muchos casos, vinculadas a economías ilegales.
"Sí creo que fue un desacierto del Gobierno. Por lo menos, un descuido. Posiblemente con una carga política. Pero se está dejando de lado lo institucional", sostuvo.
Minera junior demandó al Estado
Durante la entrevista, reveló que fue informado sobre el caso de una minera junior extranjera que demandó al Estado peruano, al considerar que este no actuó cuando una comunidad bloqueó el paso hacia su concesión formal. La empresa, que ya había obtenido financiamiento para su proyecto aurífero, habría iniciado un arbitraje internacional en virtud del tratado entre Perú y Canadá.
“El Estado es responsable. No actuó cuando la empresa acudió a las autoridades. Según lo que me dijeron, la indemnización podría superar los US$ 40 millones”, declaró.
Herrera Descalzi explicó que muchos mineros informales consideran que su actividad es legal pese a operar en terrenos ajenos. Esto, según advirtió, no puede ser validado por el Estado, ya que implicaría legitimar la invasión de concesiones otorgadas por ley: "Es como si alguien se metiera en mi casa y dijera que tiene derecho. No se puede imponer una servidumbre dentro de una concesión ya dada por el Estado”, señaló.
Sobre los 50 mil excluidos del Reinfo: "no es el tema de fondo"
Consultado sobre la exclusión de 50 mil mineros del Reinfo, opinó que, aunque la medida marcó una diferencia frente a las prórrogas anteriores, podría reconsiderarse dentro del proceso de diálogo.
"Sí se puede ceder en ese punto, pero el tema no es cuántos quedan dentro o fuera. Lo central es definir bajo qué reglas legales se va a operar. El problema seguirá si no hay derecho sobre la concesión”, precisó.
Asimismo, señaló que el Ministerio de Energía y Minas debe liderar el proceso, por ser la entidad que mejor conoce las cifras reales y la situación del sector. Afirmó que el Estado debe facilitar el entendimiento entre mineros informales y concesionarios, promoviendo acuerdos contractuales que respeten la legalidad.
También indicó que el Congreso debe asumir su responsabilidad para sacar una ley MAPE con equilibrio, tras el rechazo a la propuesta inicial en la comisión de Energía y Minas.
"Se necesita una ley sí o sí en la próxima legislatura. Hoy ya no es solo un problema social. Los ingresos de la minería informal han crecido y el país pierde más con la informalidad que con la gran minería que paga impuestos y cumple normas", remarcó.
Representación en la mesa y cierre de brechas
Sobre la representatividad de gremios como Confemin y Fenamad, dijo que son los propios mineros quienes deben definir quién los representa. Lo importante, según sostuvo, es que las condiciones acordadas en la mesa sean válidas para todos, más allá del nombre de los voceros.
Finalmente, remarcó que este proceso no solo debe evitar nuevos conflictos, sino también educar a la opinión pública sobre la verdadera dimensión del problema y las implicancias legales que existen en torno al uso de concesiones mineras.