Hugo de Zela planteó ante la OEA limitar el uso ideológico del asilo y fortalecer su control
De Zela pidió establecer criterios objetivos, institucionales y verificables para evaluar las solicitudes de asilo, con el fin de evitar decisiones motivadas por afinidades ideológicas que —según dijo— están socavando la institucionalidad regional y la confianza entre Estados
El canciller peruano Hugo de Zela presentó este martes una propuesta ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para revisar el uso del asilo diplomático en la región.
Durante su exposición, alertó sobre una evolución negativa en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, al advertir que el asilo está siendo concedido a personas sin persecución política en Estados democráticos.
De Zela pidió establecer criterios objetivos, institucionales y verificables para evaluar las solicitudes de asilo, con el fin de evitar decisiones motivadas por afinidades ideológicas que —según dijo— están socavando la institucionalidad regional y la confianza entre Estados.
Perú busca evitar uso político del asilo en casos judiciales
Durante su intervención, el canciller afirmó que conceder asilo en estos términos expone al Estado asilante a ser percibido como protector de personas que enfrentan procesos por delitos comunes, afectando la credibilidad institucional.
Recalcó que “el derecho internacional no ampara la impunidad” y recordó el principio de extradición o juzgamiento que rige para crímenes graves.
De Zela señaló que, en los hechos, el otorgamiento del asilo compromete el acceso a la justicia y reduce significativamente la viabilidad de procesos de extradición, especialmente cuando las relaciones bilaterales se debilitan por decisiones unilaterales.
Propuesta peruana plantea control obligatorio y revisión regional
La iniciativa del Perú contempla un procedimiento obligatorio previo para aplicar el artículo 9 de la Convención de Caracas, que actualmente permite al Estado asilante determinar si existe o no persecución política.
De Zela propuso que esta evaluación se base en información del Estado territorial y fuentes confiables, reduciendo la discrecionalidad y garantizando trazabilidad y responsabilidad.
La propuesta incluye consultar al Comité Jurídico Interamericano para establecer lineamientos que fortalezcan el uso legítimo del asilo diplomático. Según explicó el canciller, ya ha recibido apoyo preliminar de varios cancilleres de la región.
No se refirió directamente al caso Betsy Chávez, pero aludió al contexto
Aunque aclaró que no se refería a un caso particular, el canciller mencionó que situaciones recientes, como la de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, reafirman la preocupación del Estado peruano sobre el mal uso del asilo diplomático.
Reiteró que el Perú es un país democrático y que, pese a los desafíos en su sistema judicial, prevalecen el debido proceso, la separación de poderes y la lucha contra la impunidad. En ese sentido, defendió la posición de que nadie debe sustraerse a la justicia por medio del asilo.
Respaldo en el derecho internacional y legislación interna
De Zela citó la opinión consultiva 25/2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desaconseja otorgar asilo a personas investigadas por delitos graves. También invocó la ley peruana de asilo de 2002, que excluye a quienes estén procesados o condenados por delitos comunes, terrorismo o crímenes de lesa humanidad.
Para el canciller, actualizar los mecanismos de aplicación del asilo diplomático permitirá preservar esta figura jurídica creada en América Latina, fortaleciendo su rol como protección a perseguidos políticos y no como herramienta para evadir la justicia.