Indira Huilca: Salvoconducto a Betssy Chávez era una obligación del Perú por convenios internacionales
En otro momento, Huilca se refirió a la situación del diputado Harvey Colchado, investigado por el Ministerio Público y sobre quien la Fiscalía solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión. Indicó que su bancada respeta el proceso judicial y el derecho a la defensa del parlamentario
La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, afirmó que el otorgamiento del salvoconducto a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, era una obligación del Estado peruano debido a los compromisos asumidos en convenios internacionales sobre asilo diplomático.
Durante una entrevista con Canal N, Huilca señaló que el convenio de asilo no establece diferencias por la situación jurídica de la persona asilada, ya sea que esté investigada, procesada o sentenciada, y sostuvo que el Perú no podía negarse a entregar la autorización para su salida hacia México.
La parlamentaria rechazó que la entrega del salvoconducto implique una mala utilización de la figura del asilo político y explicó que, según especialistas en derecho internacional, el país debía cumplir con los acuerdos vigentes, aunque existan cuestionamientos sobre el caso de Chávez.
Respecto a si considera que Betssy Chávez fue una perseguida política
Respecto a si considera que Betssy Chávez fue una perseguida política, Huilca indicó que la ex primera ministra ha tenido decisiones judiciales favorables en distintos momentos y señaló que su caso también ha tenido una dimensión política, aunque precisó que mantiene diferencias con los hechos ocurridos durante el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Sobre si el salvoconducto podría mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, la legisladora sostuvo que esta decisión debe entenderse como una actuación del Estado peruano y no como parte de una negociación política con el Gobierno.
Situación de Harvey Colchado
En otro momento, Huilca se refirió a la situación del diputado Harvey Colchado, investigado por el Ministerio Público y sobre quien la Fiscalía solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión. Indicó que su bancada respeta el proceso judicial y el derecho a la defensa del parlamentario.
La diputada señaló que una investigación no implica una condena y afirmó que Colchado mantiene el respaldo de su bancada para integrar la Comisión de Ética, al considerar que su actuación como funcionario público ha estado vinculada a la lucha contra la corrupción.
Finalmente, cuestionó que la denuncia contra Colchado aparezca en un momento político determinado, aunque remarcó que Ahora Nación respetará las investigaciones y no buscará interferir en las decisiones del sistema de justicia.