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INPE tras reportaje de Cuarto Poder: "No ocultamos nada"

Javier Llaque, presidente del INPE, aseguró que su institución no oculta nada, esto luego que Cuarto Poder revelara el ingreso de paquetes con droga al penal de Ancón I. "Facilitaremos el trabajo del Ministerio Público", añadió

Foto y video: Canal N

Luego que Cuarto Poder reveló que un camión con aproximadamente cinco kilo de cocaína ingresó al penal de máxima seguridad Ancón I, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, anunció que su institución colaborará con las investigaciones de la Fiscalía.

"Las otras medidas, las investigaciones que sigan adelante, el INPE brindará todas las facilidades al Ministerio Público a quien corresponda para cualquier investigación. Nosotros no ocultamos nada, absoluta transparencia. Así que facilitaremos el trabajo del Ministerio Público", detalló.

En entrevista a Canal N, el titular del INPE aseguró que se impidió que ingrese droga y que los paquetes fueron detectados en la zona de la exclusa del recinto penitenciario donde se revisan los vehículos. "Así que fue el INPE el que impidió que ingrese la droga", remarcó.

¿QUIÉN INGRESÓ LA DROGA A ANCÓN I?

La Unidad de Investigación de América Televisión accedió a imágenes captadas por cámaras de seguridad que registraron segundo a segundo la vulneración a un sistema que parecía infalible en el penal de máxima seguridad Ancón 1.

Una investigación fiscal coloca al director del penal, al administrador y a otros funcionarios del INPE como actores de un esquema criminal. 

La cámara externa del penal grabó la llegada de un visitante. El joven Franco está muy nervioso. Su trabajo era coordinar para que la furgoneta pueda ingresar al penal sin contratiempos. Aquel día contrató los servicios de un chofer, Sixto Sotelo para supuestamente retirar chatarra del penal.

Mientras espera que los agentes INPE le permitan el acceso, conversa con todos los policías que están cerca de él. Del otro lado de la reja aparece esta persona, quien gestiona y ordena personalmente el ingreso del vehículo. Se trata, nada menos que, del director del penal, Carlos Franco Medina.

El director del penal conversa con sus agentes y, con la mano, ordena que pase.  Atraviesan el primer control, pero se detienen en la segunda tranquera del penal de máxima seguridad. 

Ahí se observa que el joven que estaba ingresando los ladrillos de cocaína al penal se acerca a los agentes y saluda directamente al director del penal. Su nombre es Franco Polo Huacachi Rivero, pero a todos los agentes con los que conversa les dice que se llama Miguel Ángel Ccora.  

Los controles continúan. Tanto el chofer como Franco Huacachi deben ahora pasar a la zona de verificación de documentos. Primero ingresa el conductor y entrega a la agente penitenciaria su DNI para identificarse. Su compañero, quien estaba al lado empieza a mostrar nerviosismo. Por algún motivo se detiene y da media vuelta. Se aleja del control biométrico. 

Al ver que no venía, el conductor llama al copiloto para que entregue su DNI, pero él no responde. La agente penitenciaria le entrega el pase al chofer, pero de un momento a otro, el copiloto, Franco Huacachi, se retira de allí y empieza a dar vueltas en el mismo lugar. 

El nerviosismo era evidente. Dice que le duele el estómago y sale corriendo del penal. El conductor no sabía qué hacer. Pasó la inspección, pero su copiloto había desaparecido. La cámara externa logra grabar a Franco Huacachi corriendo a toda velocidad fuera del penal.

Al conductor de 67 años solo le queda esperar. Se sienta hasta que llegue su compañero. Después de varios minutos los agentes le piden que ingrese a la furgoneta, así que va directamente al vehículo, lo enciende y comienza a avanzar.

En ese mismo momento, regresa su compañero corriendo a toda velocidad. Va al control biométrico y entrega un DNI. ¿Cuál es el problema? El detalle es que él se llama Franco Polo Huacachi Rivera, pero el DNI que presenta le pertenece a otra persona Miguel Ccora.

La agente penitenciaria toma sus huellas digitales. No se verificó que la foto del DNI no coincidía con la persona que estaba ingresando. Y así, sin ningún problema, Franco pudo ingresar al penal de máxima seguridad de la capital, presentando un DNI que no le pertenecía.

Quedaba una tercera inspección antes de ingresar a recoger, supuestamente, la chatarra. La inspección, ahora, era ocular. El chofer abre todas las puertas, pero Franco Huacachi, otra vez, empieza a ponerse nervioso. 

Sigue muy de cerca al agente penitenciario hasta la cabina del conductor. El INPE le pide que se aleje y es en ese momento donde la cámara capta este gesto peculiar en el joven copiloto: levanta su mano y le pide al conductor que se calle. Que guarde silencio.

Unos segundos después, el agente penitenciario los llama y les pregunta por un paquete negro que está detrás del espaldar del chofer. La respuesta fue un silencio sepulcral.

Se trataban de 4 ladrillos de cocaína lograron atravesar las rejas del penal de máxima seguridad. Los agentes avisan al director del penal. Había más droga en la cabina. Había que llamar a la Fiscalía y la Policía. 

La fiscal antidrogas y los agentes policiales llegan inmediatamente. Allí descubren algo que hasta ese momento los agentes del INPE aseguraban desconocer. Franco, no fue tan franco, se evidenció que logró ingresar al penal de máxima seguridad con un DNI que no era suyo. 

Son varios los agentes que han confirmado ante la fiscalía que fue el administrador quien autorizó de manera verbal el ingreso del vehículo con droga.

La cámara de seguridad del penal, ubicada en la zona de chatarra muestra que minutos antes de encontrar la droga, las máximas autoridades del penal estaban en este canchón de chatarra. Por eso la fiscalía ha decidido abrir investigación contra los agentes penitenciarios por permitir que el vehículo con droga llegue hasta el penal y que un sujeto logre ingresar al penal usurpando otra identidad. 

Para Franco Huancachi se solita 17 años de cárcel, mientras que para el chofer de 67 años, que, todo apunta, desconocía del cargamento de droga. La Fiscalía solicitó 10 años de prisión y el juzgado aceptó la solicitud, pero determinó que sea prisión sea suspendida. 

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