Instan al Congreso a asegurar acceso a información en asuntos ambientales
Un llamado al Congreso para que ratifique el Acuerdo Regional del Principio 10 de la Declaración de Río, con el propósito de asegurar a las comunidades el acceso a la información en asuntos ambientales hizo la presidenta de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vanessa Cueto La Rosa.
El pedido lo realizó durante el foro ‘Promoviendo mayores estándares sobre acceso a la información y transparencia en el sector extractivo’, que reunió a miembros de organizaciones sociales de distintos países de América Latina y el Caribe, así como a Relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de Naciones Unidas y al Ministerio del Ambiente.
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El motivo fue discutir la falta de transparencia y acceso a la información en asuntos ambientales, así como la corrupción en megaproyectos extractivos – que afectan al Perú y otros países de América Latina y El Caribe – y resaltar la vulnerabilidad que sufren los defensores de la tierra y el medio ambiente pues, según cifras reveladas por Global Witness, solo en 2016, al menos 200 de ellos fueron asesinados en 24 Estados.
Para Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en materia de acceso ambiental y participación “parecería que se tiene todos los elementos (en los marcos jurídicos de las naciones) pero hay notorias fallas y desviaciones al momento de implementarlos”.
“Esto ocurre a veces por falta de capacitación, falta de voluntad política o, lo que es más grave, por falta de buena fe”, apuntó, durante su participación en el foro.
Soledad García, Relatora para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, recordó que el continente americano es considerado “el más desigual del planeta” y el acceso a la información “no solo es un derecho, sino que posee una función instrumental en el procedimiento para respaldar otros derechos humanos”.
La Asociación DAR recomendó a los Estados que cumplan de manera efectiva las leyes de acceso a la información, participación y consulta a las comunidades locales en las que se realizan operaciones extractivas y de infraestructura; que no criminalicen la protesta de los defensores de derechos humanos; que se generen mecanismos para que la población tenga acceso a la información ambiental de manera intercultural; y se constituyan espacios de diálogo que permitan a víctimas, comunidades, sociedad civil y a entidades estatales superar falencias normativas de políticas y prácticas de acceso a la información y transparencia.