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James Rodríguez: alcalde de Ate es responsable de contrataciones

Abogado penalista James Rodríguez señaló que Franco Vidal sería legalmente responsable de contrataciones municipales

Abogado penalista James Rodríguez: alcalde de Ate es responsable legal de contrataciones

El abogado penalista James Rodríguez afirmó en una entrevista con Canal N que el alcalde de Ate, Franco Vidal, tendría responsabilidad legal directa en las contrataciones realizadas por comités dentro de la municipalidad. Esta declaración se dio luego del reportaje de Cuarto Poder que denunció presuntas irregularidades en la adjudicación de obras a empresas vinculadas entre sí.

Rodríguez explicó que, desde el punto de vista jurídico, el alcalde es el máximo responsable de la entidad edil. Indicó que no es válido deslindar responsabilidades aduciendo que las decisiones fueron tomadas por comités, ya que estos actúan bajo la autoridad del titular del pliego.

“La responsabilidad legal y jurídica recae sobre el alcalde. Decir que es un comité es solo una estrategia para evadir responsabilidades futuras”, declaró el penalista en referencia directa al caso de Franco Vidal.

¿Qué irregularidades fueron señaladas en el caso de Ate?

El informe de Cuarto Poder reveló que dos empresas con el mismo número de RUC, presuntamente pertenecientes a una misma familia, ganaron adjudicaciones por más de S/2.2 millones en la Municipalidad de Ate. Según Rodríguez, este hecho podría constituir el delito de colusión.

El abogado remarcó que presentar el mismo RUC en distintos procesos es una irregularidad que el comité debió detectar de inmediato. Agregó que la colusión, como figura penal, conlleva penas de entre seis a ocho años de prisión efectiva, y puede involucrar tanto a funcionarios públicos como a privados.

Enfatizó que se trata de indicios serios. Que dos empresas con un mismo RUC ganen procesos millonarios es un elemento típico de colusión.

¿Qué deben hacer la Contraloría y la Fiscalía ante este tipo de casos?

Rodríguez señaló que la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios y la Contraloría General de la República están facultadas para intervenir de oficio cuando existen elementos públicos que configuran una “noticia criminis”. En este caso, el reportaje televisivo constituiría tal indicio.

Explicó que el Ministerio Público actúa en base a la noticia criminal, por lo que ante hechos como los revelados las autoridades deben intervenir sin esperar una denuncia formal. Añadió que es preocupante que no se haya iniciado aún una investigación preliminar, pese a la gravedad del caso y la exposición mediática.

¿Estos hechos se repiten en otras municipalidades?

Según el penalista, el caso de Ate no sería un hecho aislado. Indicó que prácticas similares se estarían repitiendo en otros gobiernos locales y regionales del país, sin una respuesta efectiva por parte de los órganos de control.

“No es el único alcalde en esta situación. Hay varios que actúan como si fueran reyes en sus distritos”, señaló Rodríguez, cuestionando también la pasividad de las autoridades fiscalizadoras.

¿Qué consecuencias penales y administrativas podrían enfrentar los implicados?

Rodríguez detalló que, de comprobarse el delito de colusión, los funcionarios involucrados podrían recibir penas de prisión efectiva y quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos. Además, explicó que las empresas privadas también pueden ser sancionadas.

Precisó que la pena principal es la prisión, pero que también se aplica la inhabilitación como sanción accesoria. Además, aclaró que no solo se sanciona a los funcionarios, sino también a los representantes legales de las empresas privadas involucradas en los actos de colusión.

¿Cómo se relaciona este caso con el entorno político del alcalde?

El abogado recordó que Franco Vidal ha manifestado aspiraciones políticas a nivel nacional, lo cual agrava la relevancia del caso. Además, se han registrado ataques en redes sociales contra periodistas que investigan los hechos denunciados.

“Algunos periodistas que han seguido el caso han sido acosados virtualmente. Esto afecta el trabajo de fiscalización y transparencia que la ciudadanía espera”, comentó Rodríguez, mostrando preocupación por el ambiente político que rodea la denuncia.

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