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James Rodríguez cuestiona sanciones a adolescentes

El abogado penalista se mostró en contra y dijo que esta norma que juzga a menores de 16 y 17 años por delitos graves fue aprobada sin mayor debate, ni reflexión

La falta de debate y análisis sobre el impacto de esta medida podría generar conflictos con instancias internacionales. / Video: Canal N

James Rodríguez, abogado penalista, se pronunció sobre la reciente modificación del Código Penal, que fue aprobada en el Congreso que busca establecer sanciones más estrictas para adolescentes involucrados en delitos graves

En diálogo con Canal N, se mostró en contra y dijo que esta norma que juzga a menores de 16 y 17 años por delitos graves fue aprobada sin mayor debate, ni reflexión. 

Asimismo, subrayó que esta modificación podría contravenir los derechos de niños y adolescentes y las obligaciones internacionales de Perú, que incluyen el cumplimiento de tratados de derechos humanos.

La falta de debate y análisis sobre el impacto de esta medida podría generar conflictos con instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso dañar la reputación de Perú en el cumplimiento de los derechos fundamentales.

También criticó que la ley incluye penas de internamiento de entre seis y ocho años para adolescentes que cometen delitos graves, en lugar de la pena máxima de 25 años que aplica para adultos. 

Sin embargo, señaló que existen dudas sobre su viabilidad práctica, ya que el sistema penitenciario peruano enfrenta serios problemas de hacinamiento y carece de instalaciones adecuadas para separar a los adolescentes de los adultos, lo cual es fundamental para evitar que estos jóvenes sean expuestos a influencias criminales en las cárceles.

Cuestionó al Gobierno 

James Rodríguez también cuestionó al Gobierno debido a que aún no ha implementado una política penitenciaria que permita construir centros de internamiento específicos para adolescentes condenados por delitos graves, lo cual es esencial para que la norma cumpla su objetivo. 

Además, considera que esta falta de infraestructura penitenciaria y de políticas efectivas de seguridad pueda agravar el problema de la delincuencia juvenil. 

Finalmente, el abogado penalista resalta que la norma tiene un enfoque "facilista" que podría no lograr una reducción significativa en la criminalidad. 

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