James Rodríguez: Fiscalía debe investigar viajes de Balcázar a Lambayeque

El abogado penalista James Rodríguez consideró que el Ministerio Público debe abrir una investigación para determinar si el presidente José Balcázar utilizó recursos del Estado con fines distintos a los oficiales durante sus reiterados viajes a Lambayeque, región que visitó en 11 oportunidades en poco más de cuatro meses de gestión.

Rodríguez explicó en Canal N que el uso del avión presidencial para actividades oficiales no constituye delito. Sin embargo, advirtió que la situación cambia si se demuestra que los desplazamientos respondieron a intereses personales, familiares o políticos.

“Esto podría constituir un delito de peculado de uso si se utilizó el avión presidencial para fines personales, políticos o familiares y no para una agenda oficial del despacho presidencial”, señaló.

El penalista sostuvo que la principal preocupación radica en la falta de transparencia respecto a las actividades desarrolladas durante estos viajes, cuyo costo superó el millón de soles entre viáticos y logística, según reveló un informe periodístico.

“¿Por qué visitar en forma reiterada una sola región cuando el país tiene más de veinte regiones? El presidente debe transparentar cuál fue la finalidad de esos viajes”, afirmó.

Rodríguez indicó que corresponde al Ministerio Público verificar si existió una agenda oficial real o si esta habría servido para justificar desplazamientos con otro propósito. 

“El Ministerio Público debería iniciar una investigación para determinar si el despacho presidencial simuló una agenda oficial para justificar viajes que finalmente no tenían esa naturaleza”, indicó.

Investigación debería revisar si existieron actividades familiares, políticas o partidarias

Asimismo, planteó que la investigación debería revisar si existieron actividades familiares, políticas o partidarias que motivaran los desplazamientos del mandatario. “Una investigación prolija permitirá establecer si el presidente utilizó el avión presidencial y toda la logística del Estado para actividades personales o políticas”, agregó.

El abogado recordó que el uso indebido de bienes públicos se encuentra tipificado en el artículo 388 del Código Penal como delito de peculado de uso, sancionado con penas de entre dos y cuatro años de prisión.

“No importa que la pena sea relativamente baja. Lo grave es destinar recursos de todos los peruanos para fines distintos a los previstos por la ley”, enfatizó.

Cuestionó el elevado gasto público destinado a estos desplazamientos

Rodríguez también cuestionó el elevado gasto público destinado a estos desplazamientos y consideró que esos recursos pudieron emplearse en necesidades prioritarias.

“Estamos hablando de más de un millón de soles. Ese dinero pudo destinarse a medicinas, comedores populares o programas sociales que hoy requieren financiamiento”, sostuvo.

Consultado sobre la utilización de aeronaves militares para estos traslados, señaló que también correspondería analizar si se emplearon equipos destinados a labores sociales o de emergencia. 

“Sería muy reprochable si se utilizaron aeronaves asignadas a funciones sociales sin una justificación oficial debidamente acreditada”, afirmó.

Facultad discrecional del presidente tiene límites

Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo invoque la facultad discrecional del presidente para definir sus desplazamientos, Rodríguez sostuvo que dicha atribución tiene límites.

“La discrecionalidad existe, pero siempre dentro del marco de la ley. Si los viajes respondieron a actividades personales, el presidente debió asumir esos gastos con recursos propios”, manifestó.

Finalmente, señaló que un mensaje de austeridad habría implicado utilizar vuelos comerciales cuando no existiera una necesidad institucional de movilizar toda la logística presidencial.

“Si se trataba de asuntos personales, perfectamente pudo viajar en un avión comercial. El país necesita que los recursos públicos se administren con responsabilidad y austeridad”, concluyó.