JNE denuncia penalmente a jueces por caso Unidad Popular
El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra tres jueces constitucionales. Se les acusa de desacatar una medida del Tribunal Constitucional en el caso Unidad Popular.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra tres jueces de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. El organismo electoral los acusa de desacatar una orden del Tribunal Constitucional relacionada con el proceso de inscripción del partido Unidad Popular.
La acción fue interpuesta por el procurador público del JNE, Ronald Angulo, y va dirigida contra los magistrados Oswaldo Ordóñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca. Según el escrito, los jueces habrían desobedecido de manera deliberada una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional el 7 de octubre.
Orden del TC suspendía fallos sobre Unidad Popular
El Tribunal Constitucional concedió al JNE una medida cautelar que suspendía los efectos de todas las resoluciones judiciales que autorizaban la inscripción del partido Unidad Popular. También dispuso que ningún órgano judicial emita nuevos fallos que puedan afectar el cronograma electoral rumbo a los comicios generales de 2026.
El pronunciamiento se dio en el marco de una demanda competencial interpuesta por el JNE para establecer los límites de intervención del Poder Judicial en materia electoral. La medida ordenaba detener cualquier ejecución judicial relacionada con Unidad Popular hasta que el TC emita una sentencia definitiva.
JNE acusa a jueces de desconocer disposición del TC
Pese a la vigencia de esa medida, el JNE sostiene que los jueces denunciados habrían continuado ejecutando resoluciones que favorecen la inscripción de Unidad Popular. En la denuncia, se señala que los magistrados “pretenden desconocer la suspensión” y continúan valorando fallos que, según el TC, no tienen efectos vigentes.
El procurador del JNE argumenta que este comportamiento configura un acto de desacato. Añade que la insistencia en ejecutar resoluciones suspendidas vulnera el derecho al debido proceso del organismo electoral y representa una interferencia en sus competencias constitucionales.
Denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía de la Nación
La denuncia penal por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad fue remitida a la Fiscalía de la Nación. El JNE ha solicitado el inicio de una investigación preliminar contra los tres jueces, a fin de que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.
En el documento presentado, se indica que los magistrados conocen que las resoluciones en cuestión “no tienen efectos y no pueden ni deben ser valoradas”. No obstante, continúan con su ejecución, por lo que se considera necesario desplegar una acción penal formal.
Disputa entre el JNE y el Poder Judicial continúa
La denuncia penal ocurre en el contexto de una prolongada controversia institucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial. El caso Unidad Popular ha intensificado el debate sobre los límites entre funciones jurisdiccionales y competencias electorales.
La demanda competencial planteada por el JNE ante el TC busca evitar que el Poder Judicial emita fallos que interfieran en decisiones electorales. La inscripción de partidos políticos y su habilitación para participar en procesos electorales ha sido uno de los principales focos de esta discusión.
Unidad Popular fue habilitado por vía judicial
El partido Unidad Popular, liderado por Duberlín Rodríguez, había obtenido fallos judiciales que ordenaban su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Ante ello, el JNE solicitó al TC una medida cautelar para frenar la ejecución de esas resoluciones, alegando que comprometen el desarrollo del proceso electoral.
El Tribunal Constitucional otorgó la medida al considerar que se afectaban competencias del sistema electoral. Sin embargo, la denuncia sostiene que los jueces implicados no han acatado lo dispuesto por el máximo intérprete de la Constitución.
JNE insiste en el respeto a las competencias constitucionales
El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que su accionar se basa en la defensa de la institucionalidad electoral y del respeto a sus atribuciones constitucionales. Considera que el desacato judicial constituye una afectación directa al sistema electoral del país.
El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra tres jueces de la Primera Sala Constitucional de Lima. Se les acusa de desacatar una medida cautelar del Tribunal Constitucional que suspendía los fallos judiciales sobre la inscripción del partido Unidad Popular. La denuncia, interpuesta por el procurador del JNE, alega que los jueces continuaron ejecutando resoluciones suspendidas, lo que constituiría un acto de desobediencia y vulneración del debido proceso. La Fiscalía deberá evaluar el inicio de una investigación preliminar. El caso se enmarca en una disputa competencial entre el sistema electoral y el Poder Judicial por atribuciones institucionales.