JNJ plantea que sanciones a jueces no sean revisables por PJ
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso un proyecto de reforma constitucional para que sus decisiones de nombramiento, evaluación y sanción disciplinaria de jueces y fiscales no sean revisables por el Poder Judicial. La única excepción propuesta sería la vulneración de derechos humanos, que podría ser revisada vía proceso de amparo.
La iniciativa busca modificar el artículo 142 de la Constitución, alineando el tratamiento jurídico de la JNJ con el que actualmente tiene el Jurado Nacional de Elecciones. El objetivo es consolidar la autonomía funcional del órgano encargado de supervisar la carrera judicial en el país.
Alcances del nuevo texto constitucional propuesto
El texto modificado del artículo 142 establece que las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia no serán revisables en sede judicial, salvo en los casos donde se acredite una afectación de derechos humanos, la cual podrá ser tramitada solo mediante un proceso de amparo. Esta fórmula extiende la protección actual que solo aplica a los procesos de evaluación y ratificación.
El proyecto también plantea modificaciones al artículo 42 del Código Procesal Constitucional para definir que las salas constitucionales de las cortes superiores y la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema serán las únicas competentes para conocer estos amparos.
Motivación institucional detrás de la propuesta
La JNJ argumenta que existe una judicialización excesiva de sus decisiones, lo que afecta directamente su capacidad de actuar con autonomía. La entidad señala que actualmente sus resoluciones pueden ser suspendidas por medidas cautelares emitidas por el Poder Judicial, lo cual paraliza procedimientos disciplinarios y genera inseguridad jurídica.
Se indica además que esta situación ha generado una “inversión de jerarquías funcionales”, al permitir que jueces revisen al órgano que constitucionalmente está llamado a controlarlos. Según la JNJ, esto debilita la autoridad de la institución y afecta su legitimidad ante la opinión pública.
Excepción por vulneración de derechos humanos
La propuesta incluye un control constitucional excepcional. El texto permite interponer un proceso de amparo exclusivamente cuando se alegue una vulneración manifiesta de derechos humanos. Esta vía garantiza que no exista inmunidad absoluta, en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y estándares internacionales.
El análisis doctrinal citado por la JNJ destaca que la autonomía de los órganos constitucionales debe estar equilibrada con el respeto a los derechos fundamentales, pero sin que eso implique permitir interferencias sistemáticas que desnaturalicen su rol.
Comparación internacional y justificación técnica
El proyecto presenta un análisis comparado que incluye modelos de gobierno judicial en España, México, Colombia, Argentina y Uruguay. En todos los casos, se destaca la existencia de órganos especializados con autonomía funcional para controlar la carrera judicial, sin injerencia de la justicia ordinaria en decisiones administrativas o disciplinarias.
La propuesta también sostiene que la reforma es viable técnica y jurídicamente, pues solo requiere la modificación de dos artículos sin alterar la estructura del Estado. Además, se enfatiza que no genera costos económicos y que sus beneficios son institucionales y estructurales.
Impactos esperados de la reforma constitucional
La implementación de esta reforma, según la JNJ, permitiría reducir la carga procesal del Poder Judicial al eliminar litigios impropios, facilitar la ejecución de sanciones y nombramientos, y fortalecer la separación de poderes. También mejoraría la previsibilidad de las decisiones del sistema de justicia.
El proyecto establece que una vez aprobada, la norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Su aplicación será inmediata, incluyendo los procesos en trámite, que deberán ser reencauzados por la vía del amparo solo en caso de vulneraciones a derechos humanos.
La Junta Nacional de Justicia presentó un proyecto de reforma constitucional para que sus resoluciones de nombramiento, evaluación y sanción disciplinaria no sean revisables por el Poder Judicial, salvo por vulneración de derechos humanos vía amparo. La iniciativa modifica el artículo 142 de la Constitución y el Código Procesal Constitucional. Busca frenar la judicialización de sus decisiones y reforzar su autonomía institucional. La JNJ argumenta que la interferencia actual paraliza sanciones y debilita su autoridad. También incluye un análisis comparado con otros países y sostiene que no genera costos, pero sí beneficios estructurales para el sistema de justicia peruano.