Jorge Moscoso advierte que FF. AA. no deben reemplazar funciones de la Policía en lucha contra la delincuencia

El exministro de Defensa Jorge Moscoso sostuvo que el anuncio del Gobierno sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para reforzar la seguridad ciudadana debe estar acompañado de una estrategia integral, un adecuado marco legal y una planificación operativa que garantice resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.

En entrevista con Canal N, Moscoso señaló que la decisión política anunciada por la presidenta de la República debe traducirse en normas claras que definan el rol de las Fuerzas Armadas, respetando sus competencias constitucionales y evitando que asuman funciones propias de la Policía Nacional.

Explicó que la legislación vigente establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en apoyo de la Policía en estados de emergencia y bajo condiciones específicas previstas en el Decreto Legislativo 1095, por lo que consideró indispensable conocer los alcances de la estrategia que implementarán los sectores Defensa e Interior.

El exministro advirtió que desplegar militares en las calles o en unidades de transporte público, sin una planificación adecuada, no garantizará una reducción de la criminalidad. En ese sentido, planteó fortalecer la inteligencia integrada entre las Fuerzas Armadas, la Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia y los gobiernos locales para identificar los puntos con mayor incidencia delictiva y ejecutar operaciones focalizadas.

Fuerzas Armadas pueden aportar capacidades tecnológicas e inteligencia

Asimismo, destacó que las Fuerzas Armadas pueden aportar capacidades tecnológicas e inteligencia para reforzar el control de los penales, impedir las comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios y apoyar la vigilancia de zonas donde opera el crimen organizado, siempre bajo la conducción de la Policía Nacional.

Moscoso también alertó sobre los riesgos que enfrentaría el personal militar si no se establecen reglas claras sobre el uso de la fuerza y la responsabilidad legal durante los operativos. Por ello, propuso la creación de un comité de crisis de alto nivel, encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros, que coordine las acciones entre los ministerios del Interior, Defensa y Justicia.

Finalmente, estimó que, si las medidas son implementadas de manera adecuada, podrían observarse resultados en un plazo aproximado de tres meses, especialmente en la reducción de las extorsiones y el fortalecimiento del control de los establecimientos penitenciarios, aunque insistió en que la lucha contra el crimen organizado también requiere reformas legales y una actuación coordinada de todas las instituciones del Estado.