José Manuel Villalobos advierte problemas éticos en uso de fondos de la franja electoral

El especialista en temas electorales José Manuel Villalobos se pronunció sobre las denuncias de un posible direccionamiento de los recursos que la ONPE asigna a los partidos políticos para la franja electoral, y advirtió que un mal uso de estos fondos desnaturaliza el objetivo del financiamiento público.

En diálogo con canal N, Villalobos señaló que el financiamiento público indirecto fue creado para evitar que los partidos políticos recurran a aportes privados irregulares o a fuentes de financiamiento que luego generen compromisos indebidos.

Indicó que se trata de un mecanismo diseñado para ser transparente y de fácil fiscalización, aunque puede verse afectado por decisiones internas de los partidos.

Villalobos indicó que la ONPE no decide en qué medios se coloca la publicidad electoral, sino que administra un portal donde los medios inscritos ofrecen espacios con una tarifa social. Señaló que son los partidos políticos los que, de manera autónoma, eligen dónde pautar, sin que la ley les exija acreditar criterios como audiencia o sintonía de los medios.

Qué establece la ley sobre la franja electoral

El experto explicó que la normativa vigente establece que el 50 % de los minutos de la franja electoral se distribuye de manera equitativa entre todos los partidos, mientras que el otro 50 % se asigna según los resultados de la elección anterior.

Precisó que los partidos nuevos reciben el mismo monto que el último con representación en el Congreso, lo que equivale a aproximadamente 1 millón 700 mil soles.

Conflictos de interés y responsabilidad interna

Según explicó, los cuestionamientos surgen cuando dirigentes o fundadores de partidos deciden destinar una parte significativa de los recursos a medios vinculados a ellos mismos, lo que constituye un conflicto de interés.

Afirmó que, en estos casos, la responsabilidad recae en el partido y en la persona acreditada ante la ONPE para administrar la franja electoral.

Villalobos señaló que no se puede afirmar la existencia de un delito sin pruebas de beneficios indebidos, como el pago de comisiones por direccionar la publicidad.

Indicó que, de existir indicios, la Fiscalía podría iniciar una investigación de oficio, y consideró que una indagación permitiría descartar eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos.