José María Balcázar confía en Policía y Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad
El mandatario también afirmó que el Ejecutivo busca garantizar elecciones pacíficas y tranquilas en el país. Indicó que el objetivo es asegurar que se respete el resultado electoral
El presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció sobre la lucha contra la criminalidad tras la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y lucha contra la criminalidad 2026-2028.
Durante su intervención, señaló que este fenómeno ya no se limita al ámbito local y que debe enfrentarse también mediante cooperación internacional.
El mandatario indicó que el Gobierno trabajará con países vecinos y con naciones desarrolladas para enfrentar el crimen y evitar que organizaciones delictivas influyan en el destino de los países.
Balcázar sostuvo que el Estado no puede negociar con los delincuentes. Según explicó, la respuesta frente al crimen debe considerar las estrategias que plantean la Policía y la criminalística.
En ese contexto, expresó su confianza en el trabajo de las fuerzas policiales y en el apoyo de las Fuerzas Armadas. Indicó que ambas instituciones deben emplear su inteligencia y recursos para colaborar en la lucha contra la delincuencia.
Uso de inteligencia en la lucha contra el delito
El presidente afirmó que el combate contra la criminalidad requiere el uso de inteligencia y la participación de personal capacitado. También señaló que es necesario ubicar a los agentes más preparados en los puestos adecuados para enfrentar a los delincuentes.
Durante su discurso, destacó que el Gobierno trabaja con ministros y entidades del Estado para contrarrestar la ola de criminalidad, especialmente en la capital del país.
Compromiso con elecciones y sistema de justicia
Balcázar también afirmó que el Ejecutivo busca garantizar elecciones pacíficas y tranquilas en el país. Indicó que el objetivo es asegurar que se respete el resultado electoral.
Asimismo, señaló que la lucha contra la delincuencia debe realizarse sin abusos y con pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, de modo que las decisiones judiciales se basen en evidencias presentadas durante los procesos.