José Tello señala que conducta atribuida a López Aliaga contra Samuel Daza podría configurar coacción

El experto en derecho electoral y presidente del Instituto Aklla, José Tello, sostuvo que el comportamiento atribuido al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en una conversación privada con Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular a la Alcaldía de Lima, podría ser objeto de una investigación si se acredita una intención de intimidación o coacción política.

En entrevista con Canal N, Tello señaló que, aunque se trata de una conversación privada que posteriormente fue difundida públicamente, el contenido atribuido a López Aliaga podría tener consecuencias en otros ámbitos si se comprueba que existió una intención de condicionar la participación de Daza en actividades electorales.

El especialista explicó que una eventual conducta de intimidación no necesariamente se limita al ámbito político o electoral y que, dependiendo de los hechos que puedan acreditarse, podría analizarse la existencia de un posible delito de coacción.

"Vemos un tema de condicionamiento político que podría colindar, evidentemente, ya con la coacción. O sea, ahí ya sería materia penal y, en todo caso, habría que ver si es que eso se configura. Pero, más allá de este tema privado, que es una conversación que, como te digo, si uno lo ve, es donde uno puede tener una discusión personal y, como te digo, eso habría que verlo, y en esfera penal, si es que corresponde o no", comentó.

Tello precisó que corresponde al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación y establecer responsabilidades. En ese sentido, señaló que Daza tiene la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía si considera que sus derechos fueron afectados.

Respecto al Pacto Ético Electoral, el abogado consideró que todos los candidatos han incurrido, en mayor o menor medida, en conductas que pueden ser cuestionadas durante la campaña. Sin embargo, sostuvo que el caso atribuido a López Aliaga tendría una mayor gravedad si se confirma una intención de intimidar a otro candidato.

El especialista cuestionó además que la campaña municipal se esté concentrando en enfrentamientos personales y acusaciones, en lugar de abordar propuestas sobre seguridad ciudadana, transporte, ordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos.

Situación de López Aliaga ante el JNE

Sobre la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima, Tello sostuvo que, si la lista de Renovación Popular obtiene la mayoría y el candidato a alcalde no puede asumir el cargo, López Aliaga podría acceder a la Alcaldía de Lima en su condición de primer regidor.

El abogado explicó que, según su interpretación de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuando una lista municipal queda sin candidato a alcalde y resulta ganadora, corresponde al primer regidor asumir el cargo. La situación de López Aliaga se encuentra vinculada a la controversia denominada “reelección encubierta”, debido a que postula como primer regidor luego de haber ejercido la Alcaldía de Lima. El JNE confirmó en septiembre su candidatura como primer regidor.

Tello sostuvo que la prohibición de reelección inmediata debe analizarse dentro del ámbito de la legislación electoral y consideró que no corresponde trasladar automáticamente esa restricción a la aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades. El especialista señaló además que este mecanismo no se limita al caso de López Aliaga y afirmó que existen alrededor de 135 candidaturas en el país relacionadas con situaciones similares.

Cuestiona actuación del presidente del JNE

Tello también cuestionó algunas declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sobre la denominada reelección encubierta. Según el especialista, Burneo habría adelantado opinión sobre el tema antes de que el Pleno del organismo electoral emitiera sus decisiones. Consideró que, en asuntos de esta naturaleza, las autoridades electorales deben mantener prudencia y limitarse a aplicar las normas correspondientes.

El abogado sostuvo que la controversia ha adquirido una dimensión política debido a que diferentes candidatos han solicitado al JNE pronunciarse sobre la posibilidad de que quienes postulan como primeros regidores terminen asumiendo las alcaldías.

Candidatos excluidos mantienen sus candidaturas

Respecto a la disposición del JNE sobre candidatos que fueron excluidos o tachados por los Jurados Electorales Especiales, Tello explicó que aquellos casos cuyas resoluciones no adquirieron firmeza dentro del plazo establecido pueden mantenerse en carrera. El JNE fijó el 4 de septiembre de 2026 como fecha límite para resolver las apelaciones sobre tachas y exclusiones.

Según Tello, esta situación responde al principio de no restringir la participación política cuando los procedimientos de segunda instancia no han concluido dentro de los plazos electorales. El especialista señaló que algunos expedientes pendientes pueden ser remitidos al Ministerio Público cuando existan indicios de posibles delitos, como la presentación de información falsa.

Tello cuestiona resolución de casos sin audiencia

El experto en derecho electoral también cuestionó que algunos recursos de apelación hayan sido resueltos sin que se desarrollara una audiencia pública. A su juicio, los casos que llegan a segunda instancia deben respetar las garantías del debido proceso. Consideró que resolver determinados expedientes sin audiencia podría generar cuestionamientos sobre la administración de justicia electoral y abrir la posibilidad de que los candidatos afectados recurran a otras vías judiciales.

Tello sostuvo que estas decisiones han generado cuestionamientos sobre la gestión de la última etapa del proceso electoral y consideró que el organismo electoral debe garantizar el cumplimiento de las reglas procesales hasta el cierre de las elecciones.