José Ugaz sobre fiscales investigados: Deben acreditar sus bienes
El exprocurador anticorrupción indicó que las investigaciones aún están en una etapa preliminar, y será necesario que los fiscales involucrados presenten la evidencia que respalde la procedencia de dichos bienes
José Ugaz, exprocurador Anticorrupción, se pronunció sobre la iniciativa del Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de abrir carpetas fiscales a Rafael Vela y Marita Barreto.
En diálogo con Canal N, destacó que los fiscales mencionados tienen una larga trayectoria en la institución y han sido responsables de investigaciones complejas en el ámbito del lavado de activos.
Resaltó que, como funcionarios públicos, los fiscales están obligados a presentar anualmente sus declaraciones juradas de bienes y patrimonio. Este requisito es crucial para garantizar transparencia y evitar posibles conflictos de interés.
En este caso, la aparición de inmuebles cuyo origen no tiene una explicación clara en relación con sus ingresos ha levantado dudas. Sin embargo, Ugaz indicó que las investigaciones aún están en una etapa preliminar, y será necesario que los fiscales involucrados presenten la evidencia que respalde la procedencia de dichos bienes.
En cuanto al caso de la doctora Barreto, el hecho de que haya transferido propiedades a nombre de su hijo ha generado especulaciones.
Sin embargo, este tipo de movimientos no necesariamente implica un acto ilícito, siempre y cuando no se pueda probar que hubo un origen ilícito del patrimonio o que se intentó encubrir algún delito.
Consideró que estas decisiones hayan tenido como objetivo proteger el patrimonio familiar, lo cual es legítimo, pero, como se mencionó, todo debe ser aclarado durante el proceso investigativo.
Al respecto, Ugaz remarcó que la Fiscalía deberá demostrar si el desbalance patrimonial, en caso de existir, tiene un origen ilícito.
“Si los fiscales involucrados pueden acreditar la legalidad de sus bienes y su origen, no habría base para acusaciones de enriquecimiento ilícito”, agregó.
Intervención de la Contraloría
Además, la Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de revisar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, pero existe la preocupación de que, en algunos casos, estas declaraciones no sean analizadas de manera efectiva, lo que permitiría que se pasen por alto inconsistencias o incrementos patrimoniales irregulares.
Se espera es que la investigación del Ministerio Público permita esclarecer la procedencia de los bienes involucrados y garantizar que no haya irregularidades.
De ser comprobada alguna falta, las sanciones correspondientes, tanto penales como disciplinarias, podrían ser severas, lo que incluiría la suspensión o destitución de los fiscales implicados.