Josué Gutiérrez pide sanción por caso de presunta violación sexual en colegio Liceo Naval de San Borja

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, informó que la Defensoría del Pueblo viene acompañando el caso de los diez menores investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja.

En declaraciones a la prensa, Gutiérrez señaló que desde que la institución tomó conocimiento de los hechos se desplegó un equipo de abogados y psicólogos para acompañar a la víctima y a sus familiares durante las diligencias correspondientes.

El defensor explicó que cuatro abogados y un psicólogo de la Defensoría del Pueblo se encuentran a disposición de las partes involucradas en el procedimiento. Precisó que el equipo participa en las diligencias y brinda acompañamiento en materia legal y de salud mental. Asimismo, expresó su solidaridad con la víctima y sus familiares y pidió que se determinen responsabilidades.

“Pedimos sanción ejemplar en todo este tipo de hechos”, manifestó. Gutiérrez indicó que el equipo de la Defensoría también se encuentra presente durante las diligencias relacionadas con la declaración de la víctima en Cámara Gesell y el levantamiento de las actas correspondientes.

Pide tratamiento diferenciado para menores

Consultado sobre las medidas que podrían aplicarse a los adolescentes investigados, Gutiérrez sostuvo que el sistema debe considerar que se trata de menores de edad y aplicar un tratamiento diferenciado respecto de los adultos.

Explicó que las medidas deben contemplar aspectos como la educación, reeducación, rehabilitación y tratamiento psicológico, de acuerdo con los estándares internacionales sobre justicia para adolescentes.

El defensor señaló que las decisiones deben considerar también los aportes de la neurociencia sobre el desarrollo de los menores y cuestionó las posiciones que sostienen que adolescentes de determinadas edades serían irrecuperables.

Defensoría advierte diferencias en cifras de bullying

Gutiérrez también se refirió al informe elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre bullying y violencia escolar. Señaló que existen diferencias importantes entre los casos registrados oficialmente y los identificados mediante el trabajo de campo de la institución.

Explicó que, según el reporte correspondiente a 2024, en el sistema de registro de casos de violencia escolar se contabilizaban cerca de 3.000 casos en un universo de más de 50.000 instituciones educativas. Sin embargo, al contrastar esa información con la realidad de determinados establecimientos, la Defensoría encontró una cifra considerablemente mayor. Gutiérrez indicó que, solo en los 7.605 establecimientos polidocentes de educación básica regular considerados en el análisis, se identificaron más de 6.000 casos.

Según explicó, algunos directores señalaron que determinados hechos no son registrados cuando los padres de familia llegan a acuerdos para resolver internamente los conflictos.

Pide mejorar registro y políticas contra violencia escolar

El defensor sostuvo que el registro de los casos resulta necesario para conocer la verdadera dimensión de la violencia escolar y diseñar políticas públicas de prevención. En ese sentido, señaló que durante 2025 la Defensoría trabajó a nivel nacional en la problemática del bullying y pidió una mayor coordinación entre las instituciones del Estado.

Gutiérrez consideró necesario que el Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Poder Judicial y Ministerio Público articulen esfuerzos para prevenir y atender los casos de violencia dentro de las instituciones educativas.

Finalmente, el defensor del Pueblo señaló que existe una normativa que establece la presencia de profesionales de psicología en las instituciones educativas, pero cuestionó que su implementación no se cumpla de manera efectiva. Gutiérrez sostuvo que la atención de la salud mental requiere un tratamiento integral y pidió que las autoridades garanticen el cumplimiento de las normas existentes.