Ministro Santiváñez: Audios no tienen ninguna conducta criminal

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre los audios que motivan una investigación preliminar en su contra por presunto tráfico de influencias. A través de una entrevista difundida en el canal Cámara Inmobiliaria Peruana de YouTube, el titular del sector aseguró que el contenido de los audios no demuestra la existencia de una conducta criminal.

Santiváñez afirmó que las grabaciones atribuidas a él han sido interpretadas fuera de contexto y rechazó cualquier implicancia penal derivada de su contenido. El Ministerio Público viene evaluando los audios como parte de una investigación en curso.

Postura del ministro de Justicia sobre los audios filtrados

Durante la entrevista, Juan José Santiváñez insistió en que los audios no reflejan actos ilícitos ni intenciones que puedan ser tipificadas como delito. Aseguró que el contenido es insuficiente para sustentar acusaciones de tráfico de influencias u otras faltas administrativas.

Acusaciones del ministro contra fiscales y medios de comunicación

En su intervención, Santiváñez señaló directamente a algunos fiscales como presuntos responsables de la filtración del material. Calificó esta acción como parte de una “actuación criminal” y acusó a determinados medios de comunicación de actuar con fines políticos.

El ministro también cuestionó el rol de lo que denominó “pseudo periodistas”, a quienes acusó de amplificar una tesis del Ministerio Público sin una investigación formal concluida. Afirmó que se está utilizando la información filtrada para debilitar su gestión.

Situación legal de Santiváñez y desarrollo de la investigación

Actualmente, el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar contra Juan José Santiváñez. Aunque no se han presentado cargos formales, los audios divulgados están siendo evaluados para determinar si configuran indicios de tráfico de influencias.

El proceso se encuentra en etapa inicial. La evolución de esta investigación será clave para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas que puedan afectar la continuidad del ministro en el cargo.

El caso continuará bajo competencia del Ministerio Público, entidad que deberá determinar si existe mérito suficiente para formalizar una acusación penal contra el ministro de Justicia.