El juez que aplazó el caso Roberto Sánchez: denuncias y cuestionamientos
El magistrado encargado de reprogramar la audiencia clave del candidato presidencial Roberto Sánchez para el próximo 4 de junio de 2026 —apenas tres días antes de los comicios de segunda vuelta— cuenta con un historial de cuestionamientos dentro de su carrera en la judicatura.
Un informe emitido por Cuarto Poder reveló las resoluciones, quejas y procesos disciplinarios que pesan sobre Adolfo Fernando Farfán Calderón, actual titular del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.
Los registros oficiales demuestran que el desempeño de Farfán Calderón ha sido objetado de manera interna en reiteradas oportunidades.
En febrero de 2024, una resolución del propio Poder Judicial solicitó formalmente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución del magistrado debido a su cuestionada actuación como juez. A raíz de ello, el 8 de abril de ese mismo año se le inició un procedimiento disciplinario abreviado ante la máxima instancia de control de la magistratura.
Los cargos disciplinarios ventilados ante la JNJ
Durante las sesiones desarrolladas por la Junta Nacional de Justicia, al investigado se le atribuyeron de manera formal tres cargos específicos que comprometieron su función.
El Cargo A señaló el habérsele encontrado durmiendo en las oficinas del Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima en pleno horario laboral. El Cargo B imputó la presunta comisión de actos de hostigamiento y acoso sexual en agravio de una servidora judicial.
Por último, el Cargo C acusó al magistrado de presunto abuso de su condición de jefe directo al requerirle de manera frecuente a su personal subalterno la realización de mandados estrictamente personales a su favor, tales como la compra de jugos, desayunos y medicinas.
Asimismo, el historial del juez arrastra denuncias que datan de años anteriores; una disposición fiscal del 2019 detalló que fue denunciado por presuntamente recibir, junto con sus asistentes, una coima de 3 mil dólares para obstaculizar la correcta administración de justicia, aunque este caso penal específico fue declarado infundado en las instancias correspondientes.
Reprogramación bajo críticas y acumulación de expedientes
La decisión de aplazar el caso de Roberto Sánchez se justificó bajo el argumento de evaluar un pedido de nulidad interpuesto por uno de los coacusados, rematando el juez con la justificación de tener una elevada carga procesal.
Sin embargo, no es la primera vez que el magistrado presenta deficiencias en la organización de su despacho. Un documento del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) correspondiente al año 2013 reveló que, en las evaluaciones de rendimiento de los años 2009, 2010 y 2011, el juez obtuvo notas deficientes de 1.31, 1.19 y 0.50, respectivamente, concluyendo que en el último periodo analizado no tuvo un buen desempeño.
Dicha resolución del CNM consignó además cuatro medidas disciplinarias previas y tres cuestionamientos directos por abuso de autoridad y prevaricato. Pese a estos antecedentes, el magistrado ha logrado mantenerse en el aparato judicial alegando de forma reiterada que las denuncias eran falsas. La JNJ terminó por absolverlo de las imputaciones, disponiendo su incorporación a las plazas de origen a partir del 30 de mayo del año pasado.
El abogado penalista Cristian Salas cuestionó la suspensión de la audiencia dictada por Farfán Calderón, calificándola de error técnico, pues el control de acusación ya culminó y solo restaba emitir el nuevo auto de enjuiciamiento para definir el paso al juicio oral. Al ser consultado por vía chat, el juez confirmó que afrontó el pedido de destitución, del cual fue absuelto, y negó haber sido notificado de denuncias por sobornos. De su resolución final dependerá el futuro del candidato a las puertas de las urnas.
El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, quien postergó para el 4 de junio la audiencia del candidato Roberto Sánchez alegando carga procesal, registra un historial con múltiples sanciones disciplinarias. Antecedentes de la JNJ revelan que enfrentó cargos por presunto acoso sexual a una servidora, quedarse dormido en horario laboral y exigir a sus colaboradores mandados de índole personal, además de reportar bajas calificaciones de rendimiento desde el año 2011. Aunque el Poder Judicial solicitó su destitución, el magistrado fue absuelto, reincorporado a su plaza el año pasado y ahora decidirá si Sánchez pasa a juicio oral a tres días de la segunda vuelta.