Julio Rodríguez advierte indicios de acuerdo irregular en contratación en ONPE
El abogado penalista Julio Rodríguez advirtió que, además de la colusión, podría incorporarse el delito de perturbación al derecho al sufragio, contemplado en el artículo 359 del Código Penal, debido al impacto que las fallas logísticas habrían tenido en el ejercicio del voto
Nuevos elementos se suman a la investigación que involucra a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se trata de conversaciones —chats— que evidenciarían presuntas coordinaciones entre funcionarios de la entidad electoral y representantes de la empresa Galaga, encargada del transporte del material electoral durante los comicios del 12 de abril.
De acuerdo con el abogado penalista Julio Rodríguez, en Canal N, estos mensajes podrían constituir indicios de un acuerdo previo irregular en el proceso de contratación, lo que abriría la posibilidad de configurar el delito de colusión desleal. “Lo que se observa es una negociación indebida para que una empresa gane la buena pro”, señaló.
Según el análisis, estas coordinaciones habrían tenido como objetivo controlar la distribución del material electoral, lo que derivó en retrasos significativos en diversos puntos de Lima. Este hecho generó largas colas, demoras en la instalación de mesas y, en algunos casos, que ciudadanos desistieran de votar.
"Lo único que uno puede comenzar a deducir es que acá hubo un acuerdo para que ello fuese de esa manera. Y los chats evidencian las coordinaciones que se hacían con el personal de ONPE y, obviamente, cuando eso pueda ser objeto de obtención respecto a otras comunicaciones con los partícipes del concurso público", sostuvo.
Posibles delitos en investigación
El especialista advirtió que, además de la colusión, podría incorporarse el delito de perturbación al derecho al sufragio, contemplado en el artículo 359 del Código Penal, debido al impacto que las fallas logísticas habrían tenido en el ejercicio del voto.
“La Fiscalía puede ampliar la investigación si encuentra nuevos elementos. No solo se trata de un acuerdo irregular, sino de una afectación directa al derecho ciudadano de sufragio”, explicó.
Asimismo, no se descarta la posible configuración de delitos vinculados a organización o banda criminal, lo que incrementaría significativamente las penas para los involucrados. En escenarios más graves, las sanciones podrían superar los 20 años de prisión.
Responsabilidades en evaluación
Uno de los puntos clave de la investigación será determinar el nivel de participación de los funcionarios públicos y de la empresa contratada. La Fiscalía deberá establecer si se trató de una actuación institucional o de decisiones individuales dentro de la empresa y la entidad electoral.
En ese sentido, los chats también evidenciarían una dinámica de responsabilidades cruzadas entre la ONPE y la empresa Galaga, lo que podría aportar mayores elementos para delimitar las responsabilidades penales.
Situación de Piero Corvetto
En paralelo, el Poder Judicial del Perú evaluará el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, quien se encuentra en el centro de las investigaciones.
Para el abogado Rodríguez, esta medida responde a criterios legales vinculados al riesgo de fuga y no a una persecución política. “Los funcionarios públicos tienen un mayor estándar de responsabilidad. No se trata de persecución, sino de una investigación necesaria”, afirmó.