Juntos por el Perú denunció constitucionalmente al canciller Carlos Pareja
Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional en contra del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, a quien sindican como presunto responsable de anomalías operativas en la movilización de las actas de sufragio de los ciudadanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. El recurso jurídico fue ingresado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República por Pablo Salas Charca, en su condición de personero legal alterno del partido liderado por Roberto Sánchez.
El requerimiento multipartidario exige que el Legislativo ponga en marcha un juicio político y un proceso de antejuicio contra el jefe de la diplomacia peruana. Los argumentos presentados por la organización sostienen la existencia de presuntas infracciones flagrantes a la Carta Magna, además de la comisión de ilícitos penales tipificados como fraude electoral, perturbación de actos electorales y omisión de funciones. La postura del partido argumenta que la máxima autoridad de la Cancillería habría desmantelado deliberadamente los soportes informáticos y los esquemas de custodia diplomática que daban soporte técnico a los votos emitidos en las mesas de sufragio fuera del territorio nacional.
Cuestionan alteración en el sistema de custodia de actas del extranjero
Los cuestionamientos de la agrupación se concentran específicamente en las directivas de transporte empleadas para los documentos oficiales de escrutinio. Según el sustento partidario, el despacho del ministro Carlos Pareja varió de forma injustificada el procedimiento técnico empleado en la primera vuelta electoral, donde se priorizó la digitalización inmediata de las actas de votación. Juntos por el Perú señala que este método fue sustituido en el balotaje por un traslado netamente físico de los padrones mediante el uso de valijas diplomáticas, hecho que, bajo sus valoraciones partidarias, vulneró la cadena de custodia y rompió con la neutralidad estatal del Poder Ejecutivo.
En el marco del antejuicio solicitado, el documento acusatorio atribuye responsabilidad penal al funcionario bajo la figura jurídica de omisión impropia en su posición de garante institucional. El sustento legal invoca presuntas vulneraciones a los artículos del Código Penal relacionados con los delitos contra el derecho de sufragio y delitos contra la administración pública en la modalidad de demora de actos funcionales. El avance de esta denuncia constitucional dependerá de los informes de calificación técnica que formule la Subcomisión del Parlamento en las próximas semanas.