Juntos por el Perú responde por contratos ligados al INPE

La bancada parlamentaria de Juntos por el Perú anunció la separación preventiva de personal de sus despachos con el fin de facilitar el desarrollo de investigaciones respecto a presuntas contrataciones irregulares vinculadas a autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En entrevista con 'Cuentas Claras', la diputada Svieta Fernández sostuvo que los trabajadores incorporados al grupo parlamentario cumplieron con los perfiles profesionales exigidos por la administración del Congreso.

La medida del grupo parlamentario se produjo tras la difusión de un informe del programa periodístico Cuarto Poder que señaló presuntos intercambios de favores entre exfuncionarios penitenciarios y despachos legislativos. Fernández argumentó que las denuncias constituyen presunciones periodísticas que deben someterse a verificación oficial sin vulnerar el derecho laboral de los profesionales que superaron las evaluaciones institucionales.

Juntos por el Perú separó a personal investigado por vínculos con el INPE

La bancada parlamentaria Juntos por el Perú retiró preventivamente de sus filas al personal implicado en denuncias periodísticas por supuestas contrataciones irregulares. La medida fue informada por el vocero de la agrupación, Ernesto Zunini, con el objetivo de brindar facilidades a las diligencias administrativas y judiciales que correspondan sobre las incorporaciones a los despachos.

Entre los casos expuestos figura Yulissa Lucero, contratada como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla con una remuneración de S/ 8300. Lucero es hija del exdirector del penal de Barbadillo, establecimiento donde cumple prisión el expresidente Pedro Castillo. Asimismo, la denuncia periodística detalló la contratación de un familiar directo de un agente de seguridad de dicho centro penitenciario en la bancada parlamentaria.

Un tercer señalamiento involucra a Héctor Sandoval, exdirector del recinto penitenciario de Barbadillo, quien desde octubre se desempeña como asesor en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Dicho grupo parlamentario se encuentra presidido por la diputada Catherine Palomino y tiene a su cargo la evaluación de proyectos de ley referidos a eventuales medidas de amnistía.

Svieta Fernández sostuvo que trabajadores pasaron filtros de Recursos Humanos

La parlamentaria Svieta Fernández declaró que la totalidad del personal contratado por Juntos por el Perú superó las evaluaciones formales de la oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República. La legisladora señaló que mientras los trabajadores cumplan con la formación profesional y experiencia requerida, no existen impedimentos legales para su incorporación como personal de confianza.

Fernández rechazó la existencia de tráfico de influencias o pago de favores políticos vinculados al régimen penitenciario del expresidente Pedro Castillo. No obstante, la representante por Tacna ratificó la disposición de su bancada para que las autoridades competentes comprueben la legalidad de los contratos y determinen responsabilidades administrativas si fuera el caso.

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario inició procedimientos internos de fiscalización y dispuso la separación del director del penal de Barbadillo tras difundirse que utilizaba su vehículo particular para el traslado de visitantes del exmandatario. La diputada Fernández remarcó que las acciones individuales del personal del INPE no comprometen institucionalmente al partido político.

Inasistencia de diputados impidió quórum para discutir recorte de S/ 400 000 000

La Comisión Directiva del Congreso de la República suspendió la evaluación del proyecto de recorte presupuestal por S/ 400 000 000 tras constatarse la falta de quórum por la inasistencia de los representantes de la Cámara de Diputados. La Mesa Directiva del Senado convocó a la sesión conjunta para debatir la reestructuración financiera institucional antes de la emisión de dictámenes finales.

La diputada Esbieta Fernández explicó que la inasistencia de su agrupación y de las bancadas Ahora Nación y Buen Gobierno respondió a la falta de información detallada sobre el destino de la reducción presupuestaria. Los parlamentarios solicitaron desgloses técnicos y justificaciones previas antes de someter a votación las modificaciones al pliego presupuestal del Parlamento.

Respecto a la producción de la Cámara de Diputados tras 100 días de gestión, la parlamentaria desestimó las críticas sobre un eventual bloqueo legislativo y precisó que las iniciativas siguen el canal de consultas a instituciones técnicas. Fernández añadió que las 700 propuestas presentadas avanzan conforme a los requerimientos del sistema bicameral vigente.

Contraloría observó irregularidades en gestión de predio Fundo Cholol en Tacna

La Contraloría General de la República detectó observaciones en el proceso de cambio de uso y contratación del terreno Fundo Cholol administrado por la Municipalidad Provincial de Tacna. El informe técnico señaló la falta de votos requeridos en el Consejo Municipal para autorizar la transacción y la realización de sesiones reservadas para debatir la cesión de bienes públicos.

Durante la semana de representación, una comitiva parlamentaria integrada por la diputada Fernández e integrantes de la Comisión de Fiscalización acudió a la sede municipal para recabar información formal. La fiscalización inopinada derivó en incidentes verbales con la autoridad edil ante la exigencia de respuestas inmediatas sobre los expedientes administrativos.

El gobierno local de Tacna dispondrá de un plazo legal para remitir las aclaraciones escritas exigidas por el órgano de control y la delegación parlamentaria. La entrega de los documentos determinará el inicio de eventuales acciones de auditoría sobre las decisiones adoptadas por el Consejo Municipal respecto al predio destinado originalmente a un centro de abastos.