Keiko Fujimori: Nueva acusación en caso Cócteles y piden 35 años
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, presentó este miércoles una nueva acusación penal contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, a quien imputa los presuntos delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
El pedido fiscal incluye una solicitud de 35 años de prisión. La acusación se presentó ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
El requerimiento fiscal también comprende a otros personajes como Pier Figari, José Chlimper y Mark Vito Villanella, además de las personas jurídicas Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C., esta última vinculada a Villanella.
En paralelo, Domingo Pérez ha solicitado el sobreseimiento de 19 personas naturales y de manera parcial para otros dos involucrados.
Nueva acusación tras nulidad judicial
Esta no es la primera acusación que pesa sobre Fujimori en el denominado caso 'Cócteles'. La anterior, de abril de 2022, fue declarada nula por el Poder Judicial mediante una sentencia del 21 de noviembre de 2024.
En aquella oportunidad se ordenó a la Fiscalía emitir una nueva acusación, lo que ha motivado el nuevo documento presentado por Pérez.
En la acusación anterior, el fiscal había solicitado una condena de 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, además de una multa de 730 días-multa e inhabilitación por 15 años y 5 meses.
En ese entonces se le imputaron los delitos de organización criminal en calidad de líder y autora directa con dolo, lavado de activos agravado con autoría mediata y material, así como obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Origen del caso: los cócteles del 2011
El caso 'Cócteles' se originó en marzo de 2016, cuando la Fiscalía inició una investigación preliminar contra Keiko Fujimori y su entonces esposo Mark Vito Villanella, a raíz de los eventos sociales organizados por Fuerza 2011 para recaudar fondos de campaña.
Según los registros, el partido reportó ingresos de más de dos millones de soles mediante estas actividades.
Posteriormente, las declaraciones de Marcelo Odebrecht en mayo de 2017, en las que afirmó haber financiado diversas candidaturas peruanas, entre ellas la de Fujimori, generaron nuevas líneas de investigación. Los apuntes en su agenda, publicados por IDL-Reporteros, señalaban "aumentar Keiko para 500", lo que fue negado por la lideresa de Fuerza Popular.
Investigación fiscal y detenciones
La Fiscalía de Lavado de Activos, en agosto de 2017, abrió una nueva investigación preliminar a Fujimori y designó al fiscal José Domingo Pérez como responsable. Desde entonces, se realizaron allanamientos a locales partidarios, diligencias fiscales y múltiples audiencias que han marcado la investigación.
El 10 de octubre de 2018, Keiko Fujimori fue detenida por 10 días, aunque una resolución posterior ordenó su liberación.
Sin embargo, el 31 de ese mes, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva por 36 meses, medida que fue revocada más de un año después por el Tribunal Constitucional.
En enero de 2020, Fujimori volvió a prisión por 15 meses, pero fue liberada al poco tiempo debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Retrocesos judiciales
En marzo de 2021, la Fiscalía formalizó la acusación y pidió 30 años de prisión. No obstante, en enero de 2024, el Poder Judicial anuló todo el juicio oral por el caso 'Cócteles', que se había iniciado en julio del año anterior.
La decisión judicial se fundamentó en errores procesales detectados durante el proceso y en fallos previos del Tribunal Constitucional que afectaron directamente la validez de la acusación presentada.
¿Qué podría seguir?
La nueva acusación de José Domingo Pérez busca retomar la vía judicial luego de años de procesos, nulidades y cambios en el caso. Se espera que el Poder Judicial programe las audiencias para evaluar la admisibilidad del documento fiscal y eventualmente reiniciar el juicio oral.
Con esta nueva etapa, el Ministerio Público reafirma su tesis de que Keiko Fujimori lideró una organización criminal para canalizar aportes no declarados a sus campañas presidenciales, incluyendo fondos presuntamente provenientes de Odebrecht.
La defensa legal de Fujimori ha reiterado que se trata de una persecución política, mientras que la lideresa de Fuerza Popular ha negado todas las imputaciones. En tanto, la decisión sobre si se abre un nuevo juicio oral dependerá de la evaluación que realice el juzgado sobre esta nueva acusación.
El caso 'Cócteles', con casi una década de investigaciones y procesos, representa uno de los más emblemáticos de presunto financiamiento ilegal de campañas en el Perú.