Lamas Puccio: Acusación a Humala y Heredia no es una distracción

El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo en NPortada que la acusación de 35 años de prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia no debe considerarse una estrategia política para desviar la atención. Aseguró que el Ministerio Público ha cumplido con presentar una acusación formal con elementos de convicción, lo que implica el inicio de una etapa procesal ordinaria dentro del sistema penal.

Lamas Puccio explicó que este acto no constituye aún una sentencia ni un adelanto de responsabilidad. El pedido fiscal debe someterse a control judicial, donde se evaluará si existen pruebas suficientes para que se inicie un juicio oral. Subrayó que corresponde al juez decidir si la imputación cumple con las exigencias legales y fácticas.

Además, precisó que la calificación jurídica de organización criminal y colusión agravada responde a los indicios recopilados durante la investigación. Sin embargo, consideró que las penas propuestas por el Ministerio Público pueden resultar elevadas en relación con otros procesos similares.

Caso Fujimori: recurso de casación pendiente

Durante su intervenció, Lamas Puccio también comentó la situación procesal de Keiko Fujimori. Detalló que el Poder Judicial ha admitido a trámite un recurso de casación que podría revertir la decisión de una sala superior que anuló parte del juicio en su contra.

El abogado indicó que, si la Corte Suprema declara fundado el recurso presentado por el Ministerio Público, el juicio oral podría reanudarse en la etapa en la que fue suspendido. Por otro lado, si el tribunal rechaza el recurso, la Fiscalía tendría que replantear su acusación.

Asimismo, advirtió que el fallo pendiente del Tribunal Constitucional, vinculado al caso cócteles, podría tener implicancia directa sobre el futuro del proceso, dependiendo de si se considera que hubo vulneración de derechos constitucionales.

Críticas a la propuesta de enviar presos a El Salvador

Finalmente, Lamas Puccio se refirió a la propuesta del Ejecutivo de trasladar a delincuentes peruanos de alta peligrosidad al centro de confinamiento de El Salvador. Calificó la iniciativa como inviable y carente de sustento legal, argumentando que ningún país aceptaría mantener a reos extranjeros por largo tiempo.

Explicó que el sistema penitenciario internacional prioriza el cumplimiento de penas en el país de origen del condenado, tanto por razones legales como humanitarias. Además, cuestionó el elevado costo y los obstáculos logísticos que implicaría mantener a internos peruanos en una megacárcel fuera del país.