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Lamas Puccio advierte que proceso contra Pedro Castillo depende de una decisión de la Cámara de Diputados

Consultado sobre las posibles consecuencias penales si el procedimiento continúa, Lamas Puccio mencionó los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Indicó que, según su estimación, las penas podrían llegar hasta los 10 años de privación de libertad

El proceso relacionado con las presuntas irregularidades en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo podría quedar sin continuidad en lo que respecta al expresidente si la Cámara de Diputados no resuelve la denuncia constitucional antes del 15 de noviembre.

El proceso relacionado con las presuntas irregularidades en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo podría quedar sin continuidad en lo que respecta al expresidente si la Cámara de Diputados no resuelve la denuncia constitucional antes del 15 de noviembre.

Así lo explicó el abogado penalista Luis Lamas Puccio en entrevista con Canal N, donde analizó las implicancias legales de la demora en el trámite de la solicitud fiscal para levantar la inmunidad presidencial del exmandatario y permitir que continúe la investigación en su contra.

El especialista precisó que una eventual decisión de no dar curso a la solicitud no equivaldría a una sentencia absolutoria ni a una declaración de inocencia. Según explicó, la investigación fiscal podría continuar respecto de los demás implicados, pero no se podría avanzar contra Castillo si no se levanta la inmunidad correspondiente.

“Solamente se cierra la vía constitucional”, sostuvo Lamas Puccio al explicar las consecuencias de una eventual decisión desfavorable para la continuidad del procedimiento contra el expresidente.

Lamas Puccio explicó que, bajo el procedimiento parlamentario descrito en la entrevista, la Cámara de Diputados debe evaluar inicialmente si corresponde dar curso a la solicitud fiscal. Si la decisión es favorable, el trámite deberá continuar con la revisión correspondiente en el Senado.

Según indicó, para que prospere la solicitud se necesitarían 66 votos. Si no se alcanza esa cifra, no se podría levantar la inmunidad y continuar la investigación contra Castillo en los términos planteados. El especialista también cuestionó la demora acumulada en el trámite y señaló que la solicitud fiscal había llegado al Congreso anterior, cuando el Parlamento todavía no estaba dividido en dos cámaras.

"A diferencia de lo que sucedería si diputados deciden no continuar, el Senado ya no puede hacer absolutamente nada. Pero como te vuelvo a manifestar, está de por medio la investigación en la Fiscalía que va a continuar. Y dependerá mucho de lo que suceda en esa investigación. Y acá lo que se estaría discutiendo es si se continúa o no se continúa investigando a Pedro Castillo", comentó.

Asimismo, advirtió que la decisión podría estar influida por intereses políticos, aunque sostuvo que el análisis parlamentario debe considerar los elementos de convicción presentados y contar con una fundamentación suficiente.

"Acá hay un espectro, digamos, político muy significativo que, dependiendo cómo se va a definir, va a marcar el curso de los acontecimientos políticos para los próximos años en cuanto al desarrollo de la actividad parlamentaria que, como vuelvo a manifestar, tiene una presencia política muy significativa incluso a diferencia de parlamentos anteriores", declaró.

"En caso de que la investigación se permita, la denuncia constitucional proceda, se le levante los fueros al expresidente Pedro Castillo y se pueda investigar qué delitos puede ver usted y de qué penas podríamos hablar", agregó.

Abogado señala que investigación cuenta con elementos de convicción

Durante la entrevista, el penalista mencionó los elementos que, según lo expuesto en el caso, respaldarían la necesidad de continuar con las investigaciones. Entre ellos, citó pericias grafotécnicas, declaraciones de colaboradores eficaces, testimonios y la declaración de un general de la Policía que habría reconocido haber realizado pagos para conseguir un ascenso.

También hizo referencia al testimonio de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, sobre las presuntas irregularidades en los ascensos. Para Lamas Puccio, estos elementos justifican que la investigación continúe y que la Fiscalía pueda avanzar hacia una eventual acusación, siempre que se cumplan las etapas procesales correspondientes.

El abogado remarcó que corresponde al Ministerio Público investigar y sustentar los hechos, mientras que la determinación de la responsabilidad penal compete al Poder Judicial.

Qué delitos se investigan?

Consultado sobre las posibles consecuencias penales si el procedimiento continúa, Lamas Puccio mencionó los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Indicó que, según su estimación, las penas podrían llegar hasta los 10 años de privación de libertad, dependiendo de los delitos que finalmente se acrediten y de la decisión de las autoridades judiciales.

El abogado insistió en que la continuidad de la investigación no implica una condena anticipada, sino que permitiría evaluar las pruebas, garantizar el derecho a la defensa y determinar si corresponde formular una acusación fiscal.

Finalmente, advirtió que una decisión parlamentaria que impida continuar la investigación contra Castillo podría tener consecuencias para la percepción pública sobre la lucha contra la impunidad.

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