Lamas Puccio respalda ley que sanciona a menores como adultos

El abogado penalista Luis Lamas Puccio se pronunció a favor de la reciente promulgación de la Ley 32330, que permite juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como homicidio, sicariato, terrorismo o violación sexual. Según indicó, la norma responde a una necesidad urgente ante la evolución del fenómeno delictivo juvenil.

Lamas Puccio advirtió que el concepto de menor infractor ha cambiado significativamente. “Los menores de ahora no son los mismos de antes. Muchos actúan con ferocidad y ensañamiento”, señaló, subrayando que el sistema legal no puede permanecer ajeno ante esta realidad.

Desde su perspectiva, los compromisos internacionales en derechos humanos no deben ser una excusa para la inacción legislativa frente al crecimiento de la violencia ejercida por menores.

Alcances de la Ley 32330: tratamiento penal y penitenciario diferenciado

La norma promulgada por el Ejecutivo modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. A partir de ahora, los jóvenes de 16 y 17 años podrán recibir sanciones equivalentes a las de un adulto cuando cometan delitos graves, eliminando así la exención de responsabilidad penal que antes los protegía en estos casos.

Además, la Ley 32330 introduce un régimen penitenciario diferenciado para jóvenes de entre 16 y 21 años. El tratamiento contempla un enfoque de individualización científica, con medidas educativas, terapéuticas y de rehabilitación social distintas a las del régimen carcelario común.

Este enfoque busca garantizar una transición controlada que combine la sanción con posibilidades de reinserción.

Advertencia sobre la falta de soporte material del sistema

Si bien apoya la reforma, Lamas Puccio también advirtió que cualquier cambio legal debe venir acompañado de un soporte estructural adecuado. “No se trata solo de modificar la norma. Si no se tiene el soporte material mínimo, el problema no se solucionará”, enfatizó.

El abogado hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de aplicar la norma, especialmente los centros juveniles, el sistema de justicia penal y los programas de rehabilitación.

En ese sentido, sostuvo que la Ley 32330 puede marcar un punto de inflexión en el tratamiento del delito juvenil, pero su éxito dependerá de la implementación adecuada y de una reforma más amplia del sistema.