Leonardo Caparrós: Emergencia en cinco penales debe dar paso a un plan de reforma penitenciaria

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, consideró que la declaratoria de emergencia por 60 días en cinco penales de alta peligrosidad puede ser un primer paso para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios, pero advirtió que el Gobierno debe acompañar la medida con un plan integral de reforma del sistema penitenciario.

En entrevista con Canal N, Caparrós sostuvo que la medida responde a una crisis de seguridad que también tiene origen en los centros penitenciarios, desde donde —según señaló— se pueden planificar y coordinar actividades criminales.

Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no se haya presentado un plan específico que establezca qué cambios se implementarán durante y después de los 60 días de emergencia.

"Creemos que debe haber un plan y lo primero que debo decir es que siento que no hay un plan específico para poder trabajar esto", expresó. "La pregunta es si un estado de emergencia más lo va a lograr. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas no pueden entrar con armas dentro de los penales", remarcó.

Caparrós sostuvo que el Gobierno debería aprovechar el periodo de emergencia para presentar un plan penitenciario integral, con objetivos, plazos e indicadores concretos.

Entre los temas que, según planteó, deberían formar parte de esta estrategia mencionó la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, el uso de grilletes electrónicos, los beneficios penitenciarios, la situación de las unidades de intervención penitenciaria y una eventual reforma del INPE.

También cuestionó que durante los últimos gobiernos se hayan anunciado diferentes proyectos y cambios institucionales sin que exista, a su juicio, una estrategia integral que establezca responsabilidades y plazos.

"Entonces, lo que yo esperaría en estos 60 días es que desde el Ministerio de Justicia y desde el INPE se presente un plan concreto. ¿Qué vamos a hacer? no que vamos a hacer un tema operativo de voy a hacer una requisa acá o voy a hacer un operativo allá, sino que vamos a hacer en términos institucionales", sostuvo.

Cuestiona medidas anunciadas anteriormente

El exfuncionario señaló que varias de las acciones contempladas en la declaratoria, como la incautación de celulares, el control de visitas y el registro de accesos, ya han sido anunciadas y ejecutadas en anteriores oportunidades.

Según Caparrós, pese a estas medidas, las organizaciones criminales han continuado utilizando teléfonos y otros elementos prohibidos para operar desde los penales. También expresó dudas sobre el alcance de la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas dentro de los establecimientos. Consideró que la norma no delimita con suficiente claridad las funciones que tendrá cada institución.

En ese sentido, sostuvo que la participación de las fuerzas del orden debería concentrarse principalmente en el control perimetral, mientras que el personal del INPE mantendría las funciones internas, con los mecanismos de coordinación correspondientes.

Control de accesos podría reducir corrupción

Caparrós consideró que uno de los principales focos de corrupción dentro de los penales está relacionado con el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, drogas y armas.

Por ello, sostuvo que establecer un sistema efectivo de control de puertas y accesos, con participación de una institución externa que genere un mecanismo de contrapeso, podría contribuir a reducir estas prácticas.

Según explicó, impedir el ingreso de estos elementos no solo dificultaría las actividades ilícitas dentro de los penales, sino que también podría proteger a los trabajadores penitenciarios que son presionados o amenazados para facilitar el ingreso de objetos prohibidos.

El exjefe del INPE consideró que los 60 días de emergencia podrían servir como una oportunidad para evaluar esta estrategia y determinar si los controles cruzados permiten mejorar la seguridad penitenciaria.

Resocialización de internos

El exjefe del INPE también sostuvo que la seguridad penitenciaria debe ir acompañada de políticas de resocialización, especialmente mediante oportunidades de trabajo y capacitación para los internos.

Caparrós rechazó la idea de que la mayoría de los internos no quiera trabajar y señaló que uno de los principales problemas es la falta de espacios adecuados debido al hacinamiento.

Explicó que muchos talleres penitenciarios han sido utilizados como dormitorios y que recuperar estos espacios permitiría desarrollar actividades productivas que beneficien a los internos y sus familias.

Asimismo, se mostró en contra de reducir los beneficios penitenciarios únicamente por criterios coyunturales o mediáticos. Según sostuvo, estos mecanismos pueden constituir un incentivo para que los internos participen en actividades de trabajo y resocialización.

Advierte sobre situación de jóvenes infractores

Caparrós también planteó la necesidad de fortalecer los centros juveniles y evitar que adolescentes y jóvenes involucrados en delitos sean tratados bajo una lógica exclusivamente penitenciaria.

A su juicio, una estrategia de seguridad de largo plazo debe priorizar la rehabilitación de los menores y jóvenes expuestos a la criminalidad para evitar que, después de cumplir sus condenas, regresen a la sociedad sin oportunidades y con mayores niveles de violencia.

Finalmente, el exjefe del INPE consideró que la declaratoria de emergencia puede ser una oportunidad para que la nueva gestión penitenciaria demuestre resultados, pero insistió en que los 60 días deberían culminar con un plan concreto de reforma del sistema penitenciario.