Ley de amnistía: expertos discrepan sobre su alcance y legalidad
Durante una entrevista en Canal N, los abogados penalistas Carlos Rivera y Julio Rodríguez ofrecieron un análisis detallado sobre la ley de amnistía promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte, mostrando posiciones enfrentadas pero coincidiendo en que la norma responde a motivaciones políticas.
La ley otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados sin sentencia firme, excluyendo a quienes hayan sido condenados por terrorismo o corrupción. Fue aprobada con respaldo del Congreso y firmada por el Ejecutivo pese a advertencias de organismos internacionales.
¿Acto de justicia o mecanismo de impunidad?
Julio Rodríguez inició el debate destacando que la ley busca saldar una deuda pendiente con quienes contribuyeron a la pacificación del país. Enfatizó que muchas de las personas involucradas en estos procesos judiciales son de edad avanzada, tienen problemas de salud y enfrentan acusaciones sin pruebas contundentes. Señaló que no es adecuado continuar conjuicios contra personas mayores de 80 años basándose únicamente en testimonios sin respaldo.
Carlos Rivera replicó que la ley no establece diferencias entre casos graves y menores, lo cual pone en riesgo el derecho de las víctimas a obtener justicia. Sostuvo que la norma no tiene como objetivo garantizar justicia, sino que promueve la impunidad y ha sido diseñada para beneficiar a determinados sectores bajo el argumento de una supuesta persecución.
Críticas al diseño y aplicación de la norma
Aunque Rodríguez respaldó el propósito de la ley, reconoció que su formulación fue deficiente. Señaló que el problema fue haber generalizado y que se debió optar por la vía de la prescripción, ya contemplada en el marco legal y sin conflictos con organismos internacionales. A su juicio, esta opción habría permitido cerrar casos antiguos sin afectar los principios jurídicos.
Rivera, por su parte, recordó que la CIDH ya ha sentenciado al Perú en casos como Barrios Altos y La Cantuta, donde quedó prohibida la amnistía en crímenes de lesa humanidad. Añadió que la norma podría abrir la puerta para cerrar casos emblemáticos como Comarca o Manta y Vilca, afectando a víctimas que han esperado décadas por justicia.
Posible rol del Poder Judicial
Ambos expertos coincidieron en que el Poder Judicial podría rechazar la aplicación de esta ley en casos concretos. Rodríguez señaló que los jueces tienen el control difuso de constitucionalidad, mientras Rivera destacó que en los últimos 20 años, todos los pedidos de amnistía por violaciones de derechos humanos han sido rechazados.
En esa línea, también coincidieron en que el Tribunal Constitucional podría ser convocado si se presenta una demanda de inconstitucionalidad. Rodríguez sostuvo que esa intervención será clave para determinar los límites reales de la norma.
¿Motivaciones políticas detrás de la ley?
Rivera fue enfático al afirmar que la ley tiene como propósito brindar protección política a la presidenta Boluarte, considerando que forma parte de un acuerdo destinado a evitar que enfrente investigaciones por violaciones a los derechos humanos y facilitar así su permanencia en el poder hasta 2026 sin inconvenientes judiciales. Por su parte, Rodríguez coincidió en que existe un trasfondo político en la medida, aunque cuestionó que se haya pretendido utilizarla como herramienta de control sobre el sistema judicial, señalando que, si el objetivo de Boluarte era conseguir respaldo, habría sido más adecuado fortalecer al Ministerio Público y al Poder Judicial.
¿Montesinos se beneficiará?
Finalmente, ambos coincidieron en que Vladimiro Montesinos no necesita esta ley para salir de prisión, pues su liberación estaba prevista para 2026. No obstante, aceptaron que su mención genera ruido político innecesario y podría ser usada para desacreditar la norma.