Ley de retiro ONP: TC dejó al voto demanda de inconstitucionalidad
Ley aprobada por el Congreso establece por única vez la devolución de los aportes de hasta una UIT
ACTUALIZACIÓN
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley aprobada por el Congreso que dispone la devolución de los aportes pensionarios administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Tras escuchar a las partes, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, dio por concluida la audiencia virtual en la que participaron el procurador José Luis Huerta, en representación del Ejecutivo, y los abogados José Palomino Manchego y Guillermo Llanos Cisneros, en representación del Congreso.
El procurador pidió que se declare la inconstitucionalidad de la norma al considerar que vulnera la Constitución y dispone una devolución irrazonable y técnicamente inviable. Agregó que la ley aprobada vulnera los principios constitucionales que no le dan al Congreso iniciativa de gasto.
Por su parte, en representación del Congreso, el abogado Guillermo Llanos aseveró que la ley aprobada cumplió con los procedimientos formales establecidos e indicó que una devolución no afectaría los recursos públicos porque los aportes pensionarios pertenecen a los aportantes y no al Estado.
A partir de la fecha de la audiencia correrá un plazo de 30 días hábiles, a fin de que se empiece a elaborar la sentencia sobre el tema.
NOTA PREVIA
El magistrado Carlos Ramos informó que el Tribunal Constitucional analizará el 3 de febrero a las 9:30 a. m. la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Ejecutivo contra la ley que permite el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
La institución anunció el 12 de diciembre que en esa misma fecha había notificado al Congreso de la República sobre la demanda de inconstitucionalidad.
Desde ese momento, empezó a correr el plazo de 30 días hábiles para que el Parlamento presente sus descargos al TC y se pueda convocar a una audiencia pública. “El plazo para que conteste el Congreso vence el 28 de enero del 2021”, detalló Ramos a El Comercio.
La demanda fue presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional el 9 de diciembre del 2020. Se alega que la medida publicada por insistencia por el Congreso afecta los artículos 10, 11 y 12 sobre el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones.
En el documento se detalla que la ley afecta al Sistema Nacional de Pensiones, que funciona como un “fondo de reparto solidario”, en donde el otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas se financia con lo recaudado por el aporte de los afiliados activos.