Limasa: autorizan embargo de cuentas a la empresa de Kenji Fujimori
Cinco cuentas bancarias de la empresa Integrated Global Logistics S.A. (antes Logística Integral Marítima Andina S.A – Limasa), el negocio de almacén aduanero portuario del parlamentario Kenji Fujimori y de su hermano Hiro, serán embargadas para cubrir una deuda pendiente del congresista y sus socios.
Ellos se habrían negado a honrar un pago a Jorge Colán Lévano, un anciano que en el 2012 les alquiló un terreno para que puedan ampliar las operaciones de Limasa.
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La jueza Marianella Leonardo Infanta, del Tercer Juzgado Civil del Callao, fue quien autorizó el embargo.
En su resolución, Leonardo Infanta resuelve “conceder la medida de embargo en forma de retención por la suma de US$ 183,750 o su equivalente S/. 646,800 sobre las cuentas corrientes y de ahorros de la empresa”, según reveló una investigación de Utero.pe.
Cabe recordar, que el pasado 28 de mayo, el diario La República y Poder.pe revelaron que Jorge Colán Lévano, un agricultor de más de 60 años, fue contactado por Hiro Fujimori en el 2012 para que le alquilase 5 mil metros de un terreno agrícola ubicado en el Fundo Oquendo.
Ambas partes suscribieron un contrato de alquiler en el cual Limasa se comprometió a pagarle a Colán la suma de US$ 9,187 mensuales durante dos años a cambio del uso del área.
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En agosto del 2013, Limasa dejó de pagarle al anciano, argumentando que Colán no era el propietario real del terreno sino la empresa inmobiliaria Parques Oquendo.
Colán tuvo que demandar a Limasa por la vía civil para que cumpla con lo estipulado en el contrato. Recién en noviembre de 2015 tuvo una resolución judicial favorable, cuando el Tercer Juzgado Civil del Callao ordenó a los Fujimori saldar su deuda.
Sin embargo esto no fue acatado y en marzo de 2016 Colán tuvo que solicitar al juzgado el embargo de las cuentas de la empresa, para recuperar los más de US$180 mil que dejó de recibir.
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Cabe resaltar que el contrato establecido entre Colán y los Fujimori venció hace más de un año y medio; sin embargo, hasta el momento la empresa continúa ocupando el predio sin pagarle al anciano ni a la inmobiliaria que reclama la propiedad del inmueble.