Loayza: Fallo no ordena abrir el Mercado N.º 1 de Surquillo
La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, indicó que la Municipalidad no ha recibido una notificación formal que ordene la reapertura inmediata del Mercado N.º 1, clausurado desde agosto de 2023.
En diálogo con Canal N, indicó que la última resolución judicial exige únicamente informar sobre las acciones tomadas y no instruye abrir las puertas del establecimiento.
Loayza sostuvo que el mercado, de propiedad municipal, presenta serias deficiencias de infraestructura y salubridad, por lo que no puede garantizarse la seguridad de comerciantes ni de consumidores.
Entre los problemas detectados mencionó conexiones de desagüe expuestas, cisternas deterioradas, tanques de agua inadecuados y la falta de un sistema contra incendios.
Municipalidad denuncia presunto interés económico irregular
La alcaldesa cuestionó a la dirigencia de la asociación de comerciantes encabezada por Margarita Castelo. Aseguró que existe una carta notarial enviada por una empresa que habría pagado alquileres por adelantado a particulares, lo que —según la comuna— evidenciaría un interés económico detrás de la presión por reabrir el mercado.
Asimismo, Loayza acusó a este grupo de intentar “usurpar la posesión municipal” del inmueble, que es considerado un bien de dominio público imprescriptible.
Recalcó que más de 70 comerciantes continúan brindando el servicio de abastos en espacios alternos y que al menos 106 vendedores tendrán contratos directos bajo la ordenanza municipal.
Plan de remodelación por seis millones de soles
La Municipalidad informó que ya se convocó un proceso de licitación para ejecutar trabajos de acondicionamiento en el mercado, valorizados en seis millones de soles.
Según el cronograma, el contrato se firmaría en noviembre de este año y las obras se desarrollarían durante seis meses, con lo que el renovado recinto de tres niveles y más de 300 puestos quedaría listo en mayo de 2026.
Loayza destacó que estos trabajos se financian con recursos propios de la gestión edil, lo que ha implicado reordenar el presupuesto municipal para priorizar la inversión.
Responsabilidad ante una eventual apertura judicial
La autoridad edil señaló que, de ordenarse la reapertura en las actuales condiciones, la responsabilidad por la seguridad y la salud pública recaería en el juzgado que emita la orden.
Reiteró que la comuna tiene la obligación de garantizar la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos, por lo que no puede permitir la reanudación de actividades en un inmueble que, según sus inspecciones, no reúne las condiciones mínimas.