López Aliaga: plan de jueces sin rostro y retiro de Corte IDH
El candidato de Renovación Popular, además, propone intervención militar en zonas de minería ilegal y otorgar poder sancionador a la Procuraduría para incautar bienes y aplicar multas millonarias.
Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, propuso el retorno de los jueces sin rostro y el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Así lo afirmó durante una entrevista en el programa Al Final del Día de Canal N, donde explicó su visión sobre la reforma judicial y la lucha contra el terrorismo urbano.
El exalcalde de Lima aseguró que su gobierno implementaría un “sistema integral” de seguridad, que incluiría un nuevo esquema de juzgamiento para delitos graves como el sicariato y la extorsión. Indicó que los jueces sin rostro permitirían dictar sentencias sin represalias contra operadores de justicia.
Jueces sin rostro y protección a magistrados
Según López Aliaga, su propuesta está respaldada por un equipo técnico integrado por exautoridades del sector defensa, como el general José Baella, exjefe de la Dircote. Señaló que estos jueces anónimos operarían bajo nuevas garantías y que su seguridad sería resguardada frente a amenazas. “No voy a permitir que maten a un juez. Le damos tranquilidad al juez y también al fiscal”, declaró.
Afirmó que el sistema se complementaría con geolocalización de llamadas extorsivas, interceptación legal de líneas y una central de recompensas de alcance nacional. En ese marco, planteó que si la Corte IDH se opone, el Perú debe retirarse del organismo. “Ese retiro toma dos años. Pero mientras tanto, el juez sin rostro ya camina”, precisó.
Críticas a la Corte IDH y al sistema interamericano
López Aliaga afirmó que el sistema interamericano ha beneficiado a condenados por terrorismo y ha perseguido a policías y jueces que enfrentaron a grupos subversivos. Sostuvo que una eventual salida de la Corte IDH le daría al Estado peruano autonomía para aplicar su legislación penal sin interferencias externas.
Aseguró que existen operadores de justicia honestos que se encuentran actualmente amenazados y que el nuevo sistema debe priorizar su protección. En ese contexto, reiteró sus críticas a organizaciones que, según indicó, estarían defendiendo los derechos de “terroristas urbanos”.
Intervención militar en zonas de minería ilegal
Durante la entrevista, López Aliaga también propuso una intervención directa de las Fuerzas Armadas en territorios controlados por redes de minería ilegal. Citó específicamente la zona de La Pampa, en Madre de Dios, y sostuvo que esta operación se ejecutaría “a sangre y fuego” desde el inicio de su eventual mandato.
Indicó que se trata de áreas “liberadas” donde operan redes de trata de personas, narcotráfico, prostitución infantil y destrucción ambiental. Criticó la falta de acción del Estado y aseguró que su gobierno asumiría el costo político de intervenir con decisión.
Propuesta de Procuraduría con facultades amplias
En materia de justicia, López Aliaga propuso reestructurar la Procuraduría Pública del Estado con facultades sancionadoras. Anunció que su administración impondría una multa de hasta 5 mil millones de dólares a la empresa Odebrecht y a sus socios locales, además de ordenar la pérdida de dominio de sus activos aún presentes en el país.
El candidato resaltó el trabajo de la exprocuradora Katherine Ampuero y criticó duramente el acuerdo de colaboración eficaz firmado en el caso Lava Jato. Calificó la gestión actual de la Procuraduría como ineficiente y “entreguista”.
Plan de reforma judicial y meritocracia
López Aliaga explicó que su plan contempla la creación de una academia nacional de jueces y fiscales, inspirada en el modelo del Banco Central de Reserva. Indicó que se busca reemplazar a operadores “corruptos” con jóvenes egresados de derecho seleccionados por méritos. También respaldó proyectos previos sobre líneas de carrera judicial con plazos cortos y evaluaciones constantes.
Rafael López Aliaga propuso reinstaurar jueces sin rostro para procesar terrorismo urbano, acompañado del retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Planteó que ambos mecanismos permitirían proteger a jueces y fiscales amenazados. También propuso una intervención militar en zonas de minería ilegal como La Pampa y anunció que su gobierno aplicaría sanciones millonarias contra Odebrecht desde la Procuraduría. Finalmente, presentó un modelo de reforma judicial basado en meritocracia y una nueva academia nacional de jueces. El candidato indicó que su propuesta busca recuperar el control institucional del Estado frente a mafias y crimen organizado.