Margarita Haro: No voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento

La fiscal provincial de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro, denunció públicamente haber sido víctima de una amenaza de extorsión. El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre, mientras se desempeñaba como fiscal de turno.

El mensaje extorsivo llegó a su teléfono personal, reservado únicamente para familiares y colegas cercanos. El mensaje exigía que abandonara su cargo en un plazo de 24 horas, bajo amenaza de ser blanco de una organización criminal denominada Los Chukys, cuyo presunto líder ha sido identificado como un sicario en actividad.

Según la fiscal, dicho número telefónico ha sido vinculado a múltiples delitos y ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Fiscal Margarita Haro recibió respaldo institucional

Tras el incidente, Haro informó de inmediato a los órganos superiores del Ministerio Público. En respuesta, el fiscal de la Nación acudió personalmente a la sede fiscal para tomar conocimiento de la situación.

Además, se activaron medidas de protección, incluyendo la asignación de seguridad personal las 24 horas del día. "Reafirmo mi compromiso como defensora de la legalidad y no voy a sucumbir ante ninguna amenaza", declaró en rueda de prensa.

Investigación policial identifica número y presunto responsable

La investigación preliminar indica que el número telefónico desde el cual se realizó la amenaza ha sido activado recientemente y ha cambiado de chip en varias ocasiones.

Según Haro, la persona que estaría detrás del mensaje ya ha sido identificada por la Policía y tiene investigaciones abiertas, además de un requerimiento de medida de coerción que aún no se ha ejecutado.

La fiscalía y l Policía Nacional continúan con las investigaciones del caso. Haro prefirió no revelar detalles adicionales sobre las medidas de seguridad vigentes por motivos de confidencialidad.

Fiscal denuncia falta de recursos en lucha contra el crimen

Durante sus declaraciones, Margarita Haro también expuso la precariedad con la que los fiscales deben enfrentar al crimen organizado.

Señaló que en su jurisdicción no existe una fiscalía especializada en criminalidad organizada y que, a pesar del peligro, continúan trabajando sin el equipamiento necesario.

Asimismo, manifestó su preocupación por la exposición de datos personales de los fiscales, lo que facilita que organizaciones criminales puedan acceder a información sensible como direcciones o números telefónicos. "No estamos protegidos, y eso nos expone directamente", enfatizó.