Martín Ojeda plantea paro de transportistas por inseguridad
El dirigente de transportistas Martín Ojeda informó que su gremio evalúa convocar un paro nacional de 48 horas entre el 15 y el 17 de diciembre. Esta medida se discute ante la creciente ola de inseguridad, las extorsiones con quema de unidades de transporte y la falta de respuesta directa del presidente de la República.
Ojeda indicó que la fecha del paro será definida tras una reunión con los representantes de los conos urbanos, convocada para esta noche. Señaló que, mientras un sector aún espera un diálogo con el Ejecutivo, otro grupo ya ha decidido avanzar con la paralización.
Transportistas denuncian extorsiones y amenazas directas
Según el vocero, al menos cinco empresas de transporte han perdido más de 25 unidades en las últimas dos semanas debido a incendios provocados. En algunos casos, las compañías recibieron cartas amenazantes exigiendo pagos a cambio de no continuar con los ataques. Ojeda mencionó que se trataría de redes extorsivas vinculadas al crimen organizado.
Uno de los atentados más recientes dejó 18 buses quemados. El dirigente agregó que incluso hubo un caso con víctimas mortales. Estos incidentes no han tenido hasta ahora responsables identificados por las autoridades, lo que ha generado preocupación entre los transportistas.
Críticas al estado de emergencia y la respuesta del Gobierno
Ojeda cuestionó que el estado de emergencia vigente no haya generado resultados efectivos en la lucha contra el crimen. Calificó esta medida como "un nombre sin contenido" y denunció que la situación ha empeorado desde noviembre, fecha en que el Ejecutivo prometió una respuesta inmediata tras el paro anterior.
El dirigente lamentó que, pese a los compromisos asumidos, no se haya concretado una reunión directa con el presidente. Aunque reconoció contacto con el primer ministro y el ministro del Interior, insistió en que se requiere una respuesta política de alto nivel.
Demandas legislativas y operativas no ejecutadas
Entre las exigencias planteadas por el gremio están la agilización del levantamiento del secreto bancario para rastrear pagos extorsivos, el bloqueo de chips telefónicos usados para amenazas y la aplicación efectiva de la norma de reserva de identidad. Ojeda denunció que estos procedimientos se ven entrampados por trámites judiciales prolongados.
Además, cuestionó que la unidad operativa contra el crimen no tenga presupuesto ni condiciones para actuar. Denunció que las víctimas no denuncian por temor, y que la norma de identidad reservada no se aplica en la práctica por falta de recursos.
Impacto del posible paro en Lima y Callao
Ojeda advirtió que un paro total afectaría aproximadamente 14 millones de desplazamientos diarios en Lima y Callao. La medida podría afectar no solo la economía formal, sino también el acceso a servicios de salud y educación. Recordó que el gremio ya ha ejecutado tres paralizaciones de alto impacto en el pasado.