Minedu: Publican Decreto de Urgencia para licenciamiento de institutos superiores
El Ministerio de Educación (Minedu) promulgó el Decreto de Urgencia N° 017-2020, norma que establece medidas para fortalecer la calidad de la educación los institutos tecnológicos y pedagógicos.
La norma propone acceder al licenciamiento incorporado dos nuevas Condiciones Básicas de Calidad: líneas de investigación y servicios educacionales complementarios (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo) que refuerzan, de una parte, el perfil de los docentes encargados del desarrollo del eje curricular o actividades de investigación; y de otro lado, asegurar una infraestructura física, ambientes, equipamiento y recursos para el aprendizaje en condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad.
Además, se dispone la ampliación del plazo para resolver el procedimiento de licenciamiento en 120 días hábiles y permite aplicar el silencio administrativo negativo, reduciendo así la proliferación de instituciones que brinden un servicio deficiente; así también se amplía la vigencia de licencia a seis años e incluye la incorporación del plan de cumplimiento dentro del proceso de licenciamiento.
Asimismo, para contribuir a modernizar la gestión educativa pública se contratarán directores generales que cumplan con los perfiles establecidos en la Ley N° 30512, y a jefes de área de administración que den soporte a una gestión eficiente.
El licenciamiento de los institutos tecnológicos y pedagógicos se inició en los años 2018 y 2019, respectivamente. A la fecha existen 824 institutos tecnológicos (487 privados y 337 públicos) y 165 institutos pedagógicos (92 privados y 73 públicos) que se encuentran pendientes de obtener su licenciamiento, cuya matrícula asciende a 211 204 estudiantes de la educación superior tecnológica y 35 492 de la educación superior pedagógica.
Cabe precisar que anteriormente, la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y su reglamento, estableció el procedimiento que verifica el cumplimiento de las cinco Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que permitía acceder a la autorización de funcionamiento a las instituciones que así lo acrediten.
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